Cuando faltan sólo unos días para celebrar el Día Internacional del Niño (el 1 de junio), la Policía Nacional dio a conocer algunos datos impresionantes sobre los delitos sexuales que se cometen en Nicaragua, entre los cuales la mayor parte de las víctimas son menores de edad.
Los datos de la Policía indican (ver LA PRENSA del sábado 19 de mayo) que cada día se denuncia o conoce un promedio de más de tres casos de violaciones sexuales, dos de ellos en niñas y niños. Y lo más probable es que una gran parte de esos repugnantes delitos no sean denunciados y queden en la impunidad por múltiples y obvias razones, como temor, vergüenza, prejuicios, falta de acceso a la justicia o falta de confianza en ésta, etcétera.
La violación sexual no es cualquier clase de delito. Tiene características muy especiales debido a que no sólo atenta contra la libertad de las víctimas sino también contra su honestidad, su dignidad personal y su intimidad, y en consecuencia, lastiman gravemente o destruye las más sensibles fibras humanas. Las mujeres violadas “quedan heridas en su cuerpo y en su alma, el 13% de ellas no llega a recuperarse de las alteraciones psíquicas causadas por la agresión, y el índice de suicidio en las víctimas de violación se sitúa en el 20%, mientras que en las mujeres que no han sufrido este tipo de agresión sólo es del 2%”, dice el forense español Miguel Lorente en una obra sobre este delicado tema. Ese estudio se refiere a España, pero el impacto y las secuelas de la violación son iguales en todas partes, y además, es obvio que los daños que sufren las niñas y niños víctimas de las violaciones sexuales son aún mucho más graves y duraderos.
El aumento en Nicaragua de los delitos de abusos deshonestos y violaciones sexuales, en general y específicamente contra menores de edad, está relacionado sin dudas con el incremento de la pobreza que afecta a gran parte de la población nicaragüense. Y es consecuencia, además, del grave deterioro de los valores morales que ha sufrido la sociedad particularmente desde los años ochenta del siglo recién pasado.
En realidad, según los datos proporcionados por la Policía Nacional la mayor parte de los abusadores y violadores sexuales pertenecen a los núcleos familiares de sus mismas víctimas, o sea que actúan dentro de las familias como “quintacolumnistas”, de manera traidora, cobarde y muchas veces impune contra el sector más débil e indefenso de las familias y la sociedad, que son las niñas, los niños y los adolescentes.
“Los principales abusadores sexuales de los niños, niñas y adolescentes están dentro de las casas”, declaró a LA PRENSA el Procurador Especial de Derechos Humanos para la Niñez y la Adolescencia, Carlos Emilio López, quien subrayó además que la mayoría de los violadores no son, como se suele creer personas de la calle y ajenas a sus víctimas, “desconocidas o sucias”, sino los mismos padres, hermanos, tíos o abuelos.
Eso indica que si bien es necesario castigar con penas más duras a los abusadores y violadores sexuales —sobre todo los que agreden a menores de edad—, a quienes no se les debería beneficiar con cumplimientos de condena al dos por uno ni con indultos; también es muy importante que las autoridades, las organizaciones sociales cívicas, las iglesias y los ciudadanos, unan sus esfuerzos en el restablecimiento de los valores y principios éticos en los hogares, las escuelas y la sociedad; sin perder de vista, por otro lado, que las medidas punitivas y la formación en valores no pueden tener efectos positivos si al mismo tiempo no se reducen los niveles de pobreza social, pues como es bien sabido las virtudes humanas no florecen donde predomina la miseria.
La lucha contra los violadores, en especial contra los quintacolumnistas que están dentro de las familias, es ingente y compleja pues hay casos que hasta se cubren con inmunidades políticas. Pero hay que librarla sin tregua ni desmayo porque se trata de proteger a nuestras niñas y niños, vale decir del presente y el futuro de Nicaragua.
