Horacio J. Somarriba O.*
El tema de los terremotos está cobrando vigencia por el desastre último de El Salvador y especialmente el de Masaya y la Laguna. Los expertos afirman que la recurrencia de los sismos en el Pacífico de Nicaragua oscila entre los 30 años. Nos asalta la paciencia el hecho de que Managua está por cumplir los 30 años después del terremoto de 1972.
Las consecuencias de un sismo fuerte en lugar y momento indicados son variadas, desde el colapso de muchas viviendas en las cabeceras departamentales y municipios del Pacífico —en donde la mayoría de sus construcciones son de adobe o taquezal— hasta aquellas comunidades ubicadas en las faldas de elevaciones con suelos inestables, y las localizadas en las cercanías de las costas del Pacífico, las cuales son susceptibles a daños por oleadas producto de un sismo mar adentro.
Lo primero que se viene al pensamiento es la pérdida de vidas humanas, más si se trata que el fenómeno ocurra en un tiempo cuando todos se encuentran en estas construcciones y lugares de alto riesgo (comúnmente las viviendas y otras infraestructuras de servicio y producción).
El desastre está ligado no solamente con las pérdidas humanas, sino y también a las materiales, consecuencias las cuales sólo se visualizan a través del tiempo: la pérdida de infraestructura de servicios básicos y de producción se reflejan en la calidad de vida de la población al cabo de unas semanas.
Un terremoto con este tipo de consecuencias en Managua se reflejaría a lo inmediato con la falta de: servicio de agua potable, energía eléctrica, telefonía… para amplios sectores de la población, lo que arrastraría inevitablemente otras complicaciones.
Algunos políticos actualizados empiezan a hablar que un “Código de Construcción en Acción” es la receta para el futuro. Detrás de este enunciado sin contenido se vislumbran muchas preocupaciones, tales como si los gobiernos municipales —especialmente los del Pacífico— pueden poner en práctica este código. ¿Pueden las alcaldías municipales ejercer un control sobre la inversión en sus territorios, con detalles tales como el control de materiales de construcción, ubicación segura de las viviendas, infraestructura física socioproductiva y otros? Recordemos que la situación de estos objetivos socioeconómicos son los generadores de muchos riesgos en el país.
El problema de los municipios sobre la aplicación de normativas para la construcción segura es tan sólo una parte del tema de la gestión de riesgos. A este último se asocian una serie de cuestionamientos generales sobre preparación para atender emergencias; por ejemplo:
a).- Los ministerios e instituciones del Estado y ahora, algunos de ellos, privados de línea, ¿están preparados para enfrentar este tipo de fenómenos peligrosos?
b).- En nuestros centros de trabajo y especialmente educativos, ¿estamos preparados para este día?
c).- Los municipios y el Gobierno Central ¿tienen planes para enfrentar estas situaciones?
d).- Nosotros, como grupos sociales diversos, ¿cuestionamos, exigimos, aportamos a la preparación de nuestras autoridades locales y nacionales?
e).- ¿Cuál es el aporte de los medios de comunicación en la preparación de todos los mencionados arriba para enfrentar un terremoto con efectos desastrosos? …Finalmente,
f).- ¿Seremos capaces de trascender de los temas cotidianos (politiqueros) a los de preparación para enfrentar estas crisis?
La gestión del riesgo se focaliza en el tratamiento de las “acciones humanas”, lo que no es tarea de un agente específico del desarrollo del país. El compromiso es de todos. Lograr el traspaso de la mentalidad de la emergencia, del inmediatismo a una mentalidad que planifique políticas y acciones humanas integrales y coherentes para hacer el desarrollo sostenible, es apostar al cambio de cultura.
Somos nosotros mismos los que generamos situaciones de peligro, no es la ocurrencia de terremotos por sí solos. Contribuir a este entendimiento es la acción primaria a desarrollar por todos hoy en día.
* El autor es Sociólogo Ambiental Centro Humboldt.
