- Los afectados vivieron durante 20 años en el terreno de donde fueron expulsados
- De lo que fue el hogar de ocho
familias donde vivían 27 niños, no quedó piedra sobre piedra - Al ver la violencia desatada contra las ocho familias, vecinos del sector dejaron caer una lluvia de piedras y morteros contra los policías y luego varios morteros, pero pese a ello el desalojo se ejecutó
Juan Ignacio Rosales [email protected]
Ocho familias, integradas por 27 niños y 19 adultos, fueron desalojadas con inusitada violencia por miembros de la Brigada Antimotines de la Policía Nacional, de una cuartería ubicada del Colegio Cristo Rey tres cuadras abajo, en Managua, donde no quedó piedra sobre piedra, como si hubiera pasado un terremoto o un huracán.
La inhumana tarea de sacar a todos los moradores y sus hijos con violencia, quebrando puertas y derribando las casitas forradas de tablas y otros materiales endebles, fue realizada desde tempranas horas de la mañana de ayer por unos 50 efectivos de la Brigada Especial Antimotines y patrulleros de la Policía, en apoyo a los que reclamaban el inmueble como suyo.
Junto con la Policía actuaron unos 20 civiles contratados por la señora Laura Sequeira Saballos, reclamante del terreno, que protegidos por los agentes derribaron las casas de madera y sacaron a la calle todas las pertenencias de sus habitantes.
Al ver la violencia desatada contra las ocho familias, vecinos del sector dejaron caer una lluvia de piedras y morteros contra los policías y luego varios morteros, pero pese a ello el desalojo se ejecutó.
Gonzalo Carrión, el funcionario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), explicó que “cuando los jueces ordenan un desalojo de vivienda, no ordenan destrucción de inmueble, porque esa acción extralimita el mandato judicial. A estas familias les destruyeron lo poco que tenían”, denunció.
El abogado Fernando Alemán, representante legal de la señora Laura Sequeira Saballos, explicó que a los desalojados se les había ofrecido un terreno en el sector de carretera Norte, pero, “simplemente no quisieron aceptarlo, desechando así la oportunidad que humanitariamente se les había ofrecido”.
Explicó que en el desalojo participaron muchos policías, porque hace un mes había muchas personas armadas “de machetes, punzones y piedras”, por lo que no se pudo realizar el desalojo.
Francisco José López Fernández, Juez Primero Civil de Distrito, ejecutor del desalojo, declaró que “la orden es desahucio a quienes están habitando el lugar, se les ha dicho que ellos lo hagan por su cuenta, no quieren y ni modo, se tiene que ordenar el desalojo del terreno”.
“Ando cumpliendo un mandamiento emanado por el tribunal, basado en resolución de una autoridad como cosa juzgada, con escritura y posesión de dominio”, expresó el juez ejecutor.
Zamir Narváez Sequeira, nieto de Alejandro Rodríguez e hijo de Laura Sequeira, afirmó: “Esta gente está usurpando un terreno que no es de ellos. El terreno le pertenece a mi madre que es la heredera y la hija única de mi abuelo Alejandro”.
