A raíz de las enérgicas opiniones vertidas por el Arzobispo de Managua, Cardenal Miguel Obando y Bravo, en contra de los semanarios amarrillos y pornográficos que circulan en Nicaragua, se está dando un amplio debate en cuanto a las medidas que el gobierno y la sociedad deberían tomar al respecto. Las opiniones varían de un extremo a otro; desde las que abogan por una prohibición total de los mismos hasta las que sugieren que deben poder circular sin ningún tipo de restricción.
Nos referimos a publicaciones impresas que para atraer la atención del público y venderse ampliamente, ponen en sus portadas fotografías de hechos particularmente sangrientos y grotescos, mientras que la contraportada la ilustran con imágenes de mujeres mostrando sus partes íntimas. Se trata de una combinación de sexo y violencia que ha probado ser un mecanismo efectivo de mercadeo en todas partes del mundo. Esas publicaciones son vendidas en las calles por los mismos voceadores que anuncian y venden los diarios del país y de esa manera todas las personas -incluyendo a los niños- están expuestas a ver tales imágenes. Eso es un serio problema.
Los dueños de esos semanarios alegan que lo que ellos hacen es mostrar la realidad de manera cruda, y que por lo tanto no hacen otra cosa más que informar de una manera diferente. Ese es un argumento totalmente pueril que no engaña a nadie. Ellos saben perfectamente bien que lo que están haciendo es un negocio a través de la explotación del morbo de algunas personas a quienes las imágenes violentas y pornográficas les excitan la mente y los instintos, y que por consiguiente están dispuestas a pagar un determinado precio para adquirir una publicación como las que ellos venden.
Lo que no pueden esos señores es alegar que tales fotografías e imágenes no tienen un efecto perjudicial en las personas. Estudios serios -como uno hecho por el Vaticano, o el producido por la Comisión sobre Pornografía de la Procuraduría General de Justicia de los Estados Unidos a mediados de los años ochenta- demuestran con hechos irrebatibles el grave daño que la pornografía puede llegar a causar en las personas de cualquier edad, y peor aún en los niños. Es por esa razón que creemos que publicaciones como esas no deben anunciarse y venderse como hasta ahora se ha hecho, ya que ponen en peligro a la niñez y a la juventud, y creemos que su circulación debe quedar estrictamente restringida a la población adulta que quiera adquirirlas.
Eso no quiere decir que aprobemos su contenido violento y pornográfico que en nada contribuye a la formación estética, psicológica y moral de las personas. Pero dentro de una sociedad libre y responsable, los adultos deben tener derecho a escoger entre lo bueno y lo malo, y sus actos sólo pueden ser verdaderamente morales cuando toman sus decisiones en plena libertad, además que la experiencia en muchos otros países demuestra que una prohibición total de tales publicaciones no resuelve el problema, porque siempre es posible que quienes deseen adquirirlas puedan hacerlo acudiendo al mercado negro, sólo que a un precio mayor.
En lo que sí estamos de acuerdo es en que la autoridad competente intervenga para que en el proceso de anuncio y venta de esas publicaciones, los niños y los jóvenes menores de edad no estén expuestos a ellas ni puedan adquirirlas. Los adultos que quieran obtenerlas deben tener libertad para hacerlo, aunque es bueno que estén conscientes del daño que se hacen a sí mismos. Cuando una persona toma una decisión en libertad, y opta por lo que es bueno, bello y verdadero, se trata, sin duda alguna, de una persona de criterio bien formado.
De ahí que es función y responsabilidad de los padres, de las iglesias, y de las escuelas, dotar a los niños de una educación que, al llegar a adultos, les permita hacer escogencias constructivas y no destructivas. Pero mientras tanto, también es responsabilidad del Gobierno y de la sociedad entera evitar que las publicaciones violentas y pornográficas se expendan en sitios donde los niños y los jóvenes puedan adquirirlas.
