Jorge Salaverry*
En mi artículo del lunes pasado, -“Libertad en peligro”- señalé que “El Presidente Arnoldo Alemán -quien irónicamente es miembro de un partido liberal- está a punto de pasar a la historia como el mandatario que sentó las bases para destruir la libertad en Nicaragua”. Pues ya pasó, aunque no solo, sino acompañado de ochenta diputados sandinistas, liberales, y de todos los colores políticos.
Como estaba previsto, la Asamblea Nacional conoció el martes pasado el veto parcial presidencial al Proyecto de Ley No. 372, “Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua”, y lo aprobó por unanimidad. Ochenta legisladores presentes depositaron su voto para pasar una ley que pretende poner punto final a la irrestricta y hermosa libertad de expresión que desde 1990 disfrutamos todos los nicaragüenses.
La referida ley, tal como fue aprobada, establece que para ejercer el periodismo “o profesiones afines”, será necesario contar con credencial del Colegio de Periodistas de Nicaragua, y que sólo las personas que ostenten el título universitario de periodistas podrán ejercerlo. Pero, ¿qué es el periodismo en el fondo sino la actividad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro medio? Pues bien; el artículo 66 de nuestra Constitución Política dice que todos los nicaragüenses tenemos el derecho y la libertad de “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento…”. Ahora resulta, apreciado lector, que el Presidente Alemán y los señores diputados pretenden quitarnos ese derecho fundamental y humano que con extrema precisión recoge nuestra Constitución. Es más; de acuerdo a esa ley absurda, podemos caer presos si intentamos ejercerlo.
¿Y por qué será que los políticos pretenden hacernos eso? Por una sencilla y mezquina razón: a los políticos en general -incluyendo al Presidente Alemán y a los 80 diputados- no les gusta que tengamos libertad para criticarlos, para señalarles sus errores, y para denunciar sus fechorías. Ellos son felices en las alturas; allá donde la voz de la sociedad no pueda llegar para denunciar sus abusos y desmanes. Y por eso pretenden callarnos con una aberrante ley que contradice nuestra Constitución Política y que menosprecia nuestra libertad.
Por otra parte, veo con desmayo la falta de indignación de la sociedad en general ante esta nueva ley del bozal. Por lo visto no somos capaces de ver el peligro que ella implica para nuestra libertad, pero bien haríamos en tener presente lo que decía un famoso filósofo escocés del Siglo XVIII: “Es raro que una libertad, cualquiera que sea, se pierda de una vez.” Así es. Las libertades se pierden poco a poco, cuando la sociedad no las defiende celosamente, y cuando deja pasar leyes que, como ésta, son inocuas en apariencia, pero que por dentro llevan el virus antilibertario.
Y resulta también decepcionante la actitud de muchos periodistas que con infantil beneplácito han acogido dicha legislación. Se contentan con la ilusión de un sistema de previsión social digno, pero que en realidad no es más que una promesa que la ley no podrá cumplir sin que los hombres y mujeres de prensa se entreguen poco a poco en manos del gobierno. Es obvio que esos periodistas aspiran a tener un sistema de previsión social privilegiado como el de los militares. Y aunque saben bien que el Gobierno esta vez no venderá helicópteros por decenas de millones de dólares para crear su fondo de previsión social -como sí lo hizo en el pasado para crear el fondo de previsión social de los uniformados- se contentan entonces con que el Gobierno les regale los fondos originados en un sorteo semestral de la Lotería Nacional para que el Colegio inicie operaciones.
Y si hoy alegremente aceptan ese regalo, no hay razón para pensar que en el futuro el Colegio no presionaría al Gobierno para que le hiciera otros obsequios, sin darse cuenta, por lo visto, de la dependencia cada vez mayor que el gremio iría teniendo del Gobierno. Es irónico que buscando la dignificación de la profesión, el periodismo nicaragüense termine por perder su mayor tesoro: la libertad. Pero, afortunadamente, también hay periodistas que ven con claridad el peligro que esa ley representa para el gremio y para la sociedad, y que recurrirán de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Ojalá que en esa magna institución haya la suficiente valentía y dignidad para echar al cajón de la basura esa represiva y abusiva legislación.
* El autor es miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA, y catedrático de la Universidad Thomas More.
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