Mario Alfaro Alvarado*
Terminó el paro del transporte de la misma manera que terminaron los paros anteriores. ¿Cuándo será el próximo? El Presidente Alemán se las ha arreglado para que el próximo paro le toque enfrentarlo al nuevo gobierno. Desde luego que la solución será determinada por quien gane las elecciones de noviembre.
En Nicaragua el problema del transporte se plantea entre el gobierno, los transportistas y los usuarios. Gobierno y transportistas dicen que se preocupan por la suerte de los sufridos usuarios, pero ninguno se preocupa por prestarles un mejor servicio con mejor trato a las personas.
El último paro no podía ser más oportuno para los reclamantes, que aprovecharon bien el clima electoral que vive el país. El gobierno una vez más se vio forzado a abrirles a buseros y taxistas el bolsillo de los contribuyentes.
La crisis del transporte tiene algo así como un patrón de comportamiento que no falla. Primero es el reclamo, luego el paro y por último un arreglo con el gobierno que saben que no cumplirá o cumplirá a medias, lo cual servirá de pretexto para el siguiente paro.
El gobierno se percató del mal negocio que había hecho con los bonos del combustible, que sirvieron para enriquecer a unos pocos y no resolvió el problema. Con el último paro el gobierno recurrió de nuevo a los bonos –que esta vez se llaman de otra manera– y la crisis se superó, al menos hasta después de las elecciones.
Es el transporte uno de los grandes problemas nacionales que el actual gobierno es incapaz de resolver. Ese problema, como los demás que afligen a la población trabajadora, se origina en la falta de intención por encontrarle una solución permanente. Las medidas que les aplican son provisionales, hasta que estalla de nuevo la tormenta.
Aunque este gobierno nunca ha tenido la intención de abordar seriamente los problemas nacionales en busca de soluciones duraderas; es necesario señalar que el primer paso hacia una solución en el transporte, debe ser un estudio a fondo para conocer bien la situación de ese servicio público. El estudio debe establecer la posición de cada uno de los elementos involucrados en la actividad: transportistas, gobierno y usuarios.
Dicen los propietarios que el transporte no es negocio. Hay que aplaudir su generosidad, porque sin ser negocio persisten en mantenerse en él aunque pierdan. ¡Admirable muestra de altruismo ciudadano!
Por su parte el gobierno se niega a reconocer que los altos impuestos perjudican al transporte y por ende a toda la economía nacional. Pero para un régimen semifeudal como éste, lo importante es mantener los privilegios de unos pocos ciudadanos de primera que ganan sueldos que oscilan entre los diez mil y los treinta mil dólares, además de otras canonjías que no son pocas ni enjutas. La cosa es simple: rebajar los impuestos significaría rebajar los sueldos desproporcionados y suprimir las regalías gubernamentales a esos ciudadanos de primera.
Un estudio responsable del problema transporte debe ser para determinar si los concesionarios ganan y cuánto ganan en el negocio. Establecer si los transportistas están realmente organizados en cooperativas, de acuerdo con la ley; y si el negocio es un monopolio tolerado por el gobierno o aceptado por complicidad. Y una vez con todos los datos y bien conocido el problema, proceder a organizar el sistema nacional del transporte, con sano criterio administrativo, eficiencia y legalidad.
Resulta difícil negar que el transporte es una inclusión en el pacto Alemán-Ortega y, por tanto, es un problema político y no un problema económico que debe ser resuelto por medio de las leyes y los mecanismos administrativos del gobierno. Eso quedó demostrado cuando el Presidente Alemán suplantó al Ministerio de Transporte, que negociaba con los concesionarios, y negoció una solución con su socio en el pacto. Así se puso fin al conflicto, abrió de nuevo el gobierno el bolsillo de los contribuyentes y garantizó al pacto un clima electoral sin convulsiones.
Por encima de esta realidad, que se agudiza en vez de mejorar, están las contradicciones de un gobierno que no responde a ninguna política definida y se limita a administrar este país como si fuese un feudo medieval, poblado por señores bien pagados y vasallos mal alimentados.
*El autor es periodista
