Jorge Salaverry*
El presidente arnoldo alemán –quien irónicamente es miembro de un partido liberal–, está a punto de pasar a la historia como el mandatario que sentó las bases para destruir la libertad en Nicaragua. Eso sucederá si el día de mañana –como está previsto– se discute en el plenario de la Asamblea Nacional el veto parcial que el Presidente hizo al Proyecto de Ley No. 372, “Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua”. Ya sea que el veto se apruebe o se rechace, la colegiación obligatoria de periodistas se habrá establecido en Nicaragua. Eso significaría que la libertad de expresión –y por ende, todas las demás libertades– habrían sido inoculadas con un virus que, más temprano que tarde, terminaría destruyéndolas. “La colegiación obligatoria de los periodistas enjaularía la profesión intelectual…”, expresó en 1994 el poeta y periodista Pablo Antonio Cuadra, cuando se empezaba a discutir la creación del Colegio.
Es bien conocida la forma apresurada en que la Asamblea Nacional aprobó en su última sesión del año pasado el Proyecto de Ley referido. El Dr. Pedro Joaquín Ríos, secretario de la Junta Directiva del cuerpo legislativo, dijo en esa oportunidad que había que hacerlo porque si no quién iba a aguantar a los periodistas. Dicho proyecto –a todas luces inconstitucional, anacrónico, y violatorio de la libertad de expresión–, debió haber sido rechazado completamente por el Presidente Alemán, pero éste, en vez de hacerlo así, lo aceptó, lo modificó y lo empeoró, al proponer que el Colegio de Periodistas pueda enviar a la cárcel por “vagancia” a cualquiera que ejerza el periodismo sin su autorización. Eso quiere decir que el Presidente Alemán hubiese aprobado el encarcelamiento de Rubén Darío y de Gabriel García Márquez, porque ambos ejercieron el periodismo sin haber estudiado esa carrera, y por lo tanto, jamás hubiesen podido obtener un permiso del Colegio de Periodistas de Nicaragua, que requerirá título universitario de periodista para el otorgamiento de credenciales.
Es un mito de corte elitista aquel que proclama que para ser un buen periodista hay que ser graduado de la carrera de periodismo. Rubén Darío, García Márquez, don Horacio Ruiz, y muchos otros, así lo han demostrado. Es cierto que la universidad puede ayudar a la formación del periodista, pero jamás podrá garantizar la excelencia, y mucho menos la honradez que se requiere para ejercer esa noble profesión con eficiencia y dignidad. No son pocos los “periodistas graduados” que, en el ejercicio de su profesión, dejan muchísimo que desear. Estoy seguro, además, que una persona autodidacta, educada, honesta y trabajadora, puede llegar a ser un gran periodista sin haber visitado jamás las aulas universitarias. De ahí que considere como pretenciosos y arrogantes a aquéllos que llaman “advenedizos” a los colegas que no tienen título universitario. Lamentablemente, el primero de marzo, Día del Periodista, me tocó escuchar esa grosera expresión de boca de dos conocidos miembros del gremio.
Sin embargo, ese mismo día tuve el gran gusto de escuchar a una periodista que, con gran valentía, profunda convicción, y sin excusas de ninguna clase, dijo que, si para garantizarse una jubilación hay que entregarse en manos del gobierno, ella prefiere conservar su libertad. Mis respetos para ella. Y es precisamente la posibilidad –altamente probable– de que el Colegio de Periodistas llegara a caer bajo el control del Gobierno, lo que hace que esa ley sea un peligro terrible para la libertad de expresión. Eso es algo que debe preocuparnos a todos, y no solamente a los involucrados en el trabajo de informar, porque, recordemos, cuando la libertad de expresión desaparece, con ella desaparecen también todas las demás libertades.
La legítima aspiración de los hombres y mujeres de prensa de mejorar su condición económica no debe hacerlos caer en la trampa de la colegiación obligatoria. Es perfectamente posible luchar por eso sin caer bajo el control del gobierno. La libertad es para el periodista como el oxígeno que le permite correr incansablemente en búsqueda de la verdad. Sin libertad, el periodismo desaparece, y se convierte en un remedo, en una parodia hueca y sin valor, como sucede actualmente en todos los países totalitarios, y como ya sucedió antes en nuestra querida Nicaragua.
La Ley 372 no debe ser llevada mañana ni nunca al plenario de la Asamblea Nacional, y conviene que quede engavetada por siempre para que no pueda ser el huracán Mitch que apague el sol de la libertad periodística que ha brillado en nuestro país desde 1990.
*El autor es miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA y catedrático de la Universidad Thomas More.
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