Continúa todavía el debate tripartito ¯Gobierno, COSEP y sindicatos¯ para fijar un nuevo salario mínimo. Se esperaba que en la reunión del martes pasado llegarían a un acuerdo, pero no fue así, y las partes decidieron reunirse nuevamente mañana viernes. El Gobierno propone un aumento del 12 por ciento que, de hecho, ya anunció que lo hará efectivo para los empleados del sector público a partir de marzo; el COSEP propone un aumento del 10 por ciento y los sindicatos uno del 100 por ciento, aunque al principio de las negociaciones pedían que fuera del 200 por ciento.
Se supone que los aumentos al salario mínimo sirven para beneficiar a los trabajadores más pobres, y son muy pocas las personas que no aceptan tal proposición como “lógica y justa”. Pero, ¿es cierto que los trabajadores más pobres salen beneficiados con esos aumentos? No hay duda que quienes tienen la suerte de estar empleados en el momento en que se produce el alza y devengando el salario mínimo, verán subir su ingreso real en un porcentaje igual al alza decretada. Pero una medida de esa naturaleza, desde un punto de vista económico, lo que hace es fijar un salario real por encima del nivel de equilibrio, y eso tiene efectos que perjudican a las personas de más baja productividad y a los que no están trabajando en el momento en que se produce el alza.
Eso es así porque los empleadores, al ver aumentados sus costos, toman algunas de las siguientes medidas: o reducen su fuerza laboral despidiendo a aquéllos que por su menor grado de educación, experiencia y destreza tienen una productividad más baja, o bien, congelan la contratación de nuevos empleados. El resultado es un perjuicio real para aquéllos a los que supuestamente se quiere proteger.
Cuando se estudia cualquier curso de economía básica se aprenden de inmediato dos cosas: que los controles de precios y la fijación de precios máximos generan escasez, y que los precios mínimos generan excedentes. En el primer caso, al no permitírsele a los empleadores ajustar sus costos, éstos dejan de producir. La gente compra los productos en existencia, los que no son repuestos debido a la suspensión de la producción. En el segundo caso ¯como cuando se fija un salario mínimo¯, se produce desempleo por las razones arriba mencionadas.
Nadie pone en duda que los salarios en Nicaragua son muy bajos, pero pretender mejorarlos a través de aumentos al salario mínimo es una ilusión y una posición demagógica. La clave para mejorar los salarios, y por ende, el estándar de vida de los habitantes de una nación, es aumentar la productividad de los trabajadores. Y el aumento de la productividad sólo puede lograrse si hay inversión en maquinaria y equipo, la que a su vez depende de una serie de factores, entre los que están la existencia de mercados laborales flexibles, que es justamente lo que impiden los constantes aumentos de los salarios mínimos. No en vano James J. Heckman, experto en materia laboral y ganador del Premio Nobel de Economía el año pasado, afirma: “Cuanto más disminuye la regulación laboral más puestos de trabajo aparecen. Esto se puede apreciar claramente en numerosos países que redujeron sus normas y aumentaron el nivel de empleo”.
De ahí lo paradójico del salario mínimo que promete una cosa pero produce otra. No debería de sorprender, por lo tanto, que algunos de los representantes de los sindicatos en las negociaciones que se están llevando a cabo sean candidatos a diputados por el Frente Sandinista, como el doctor Gustavo Porras y el señor Roberto González. Al igual que su partido, que cuando fue gobierno prometió “ríos de leche y miel” y lo que produjo fue una pobreza generalizada, así esta vez, quienes dicen defender a los pobres con demandas demagógicas de aumentos salariales de entre el 100 y el 200 por ciento, lo que en verdad provocarían si lograran sus objetivos sería aumentar aún más el ya de por sí exageradamente alto nivel de desempleo existente, sin mencionar la escalada inflacionaria que consumiría no sólo cualquier aumento salarial, sino el salario total de los trabajadores.
