Emilio Alvarez Montalván*
El prolongado sufrimiento del pueblo colombiano y la frustración de su gobierno, merece analizar aspectos fundamentales del plan Colombia, en vísperas de implementarse y que trata de neutralizar los estragos del narcotráfico, que a todos nos concierne. Al anunciarse el primer desembolso de mil quinientos millones de dólares por el gobierno norteamericano, surgen algunas dudas y reparos sobre su eficacia. En realidad es una iniciativa compleja que se ocupa desde la sustitución de los cocales, hasta el reforzamiento del sistema judicial, pasando por el fortalecimiento de la seguridad pública y la ayuda a la población desvalida. Además, tiene repercusiones militares que preocupan a sus vecinos.
Para empezar es positivo que gobierno y opinión pública estadounidenses acepten su responsabilidad en el alto consumo de estupefacientes. En efecto, la comercialización de la cocaína y similares tiene su epicentro en los países de altos ingresos como los Estados Unidos, donde el consumo ha seguido aumentando. Por consiguiente mientras la demanda de esas drogas ilícitas no disminuya, la oferta de las mismas se mantendrá. Por otra parte, así como hay un Plan Colombia para erradicar el tráfico de la cocaína desde su inicio, debería existir otro en los EE.UU., donde remata con su consumo. No olvidemos que de cada dólar que produce el mercadeo de la cocaína, quedan en la plaza estadounidense noventa centavos.
Por lo demás, el poder de esos mercaderes de la muerte se demostró en el Perú donde Montesinos y Fujimori, héroes del antiterrorismo eran simultáneamente quienes facilitaban el transporte de la materia bruta a laboratorios colombianos. Fue un complot que produjo millones de dólares, que enriquecieron a los protagonistas y sobornó a autoridades judiciales y electorales. Así lo comprueba los “video-vladimiros” exhibidos diariamente en el Congreso peruano.
No obstante, lo actual es el encuentro del Presidente Pastrana con Manuel Marulanda de las FARC y que condujo a la reanudación del diálogo para lograr la paz. Sin embargo, la gran incógnita es la estrategia política de Marulanda, pues no explica hacia dónde conduce la violencia que mantiene ¿espera convertirse en partido como el M-19? ¿o pretende seguir debilitando al Estado hasta colapsarlo, para remover todo obstáculo, o finalmente busca consolidarse en un extenso territorio e implantar un nuevo sistema político autónomo?
Surgen además dos preguntas. La solución del problema del narcotráfico ¿es básicamente una operación militar de gran envergadura como creen algunos en los EE.UU., o es una labor de mejoramiento social como insisten los europeos? Si es la primera, ¿qué repercusión tendrá en el equilibrio castrense vecinal? ¿no terminaría esa operación militar de gran envergadura en otro Vietnam? A su vez el consumo globalizado de la droga prohibida plantea un asunto de fondo: ¿cuál es el plan para desmontar el clima de angustia, ansiedad e inseguridad que impregna a las sociedades de alto consumo debido a la competencia sin fronteras que practica, como el show business, publicidad, grandes negocios, incluso la política, quienes pagan lo que se les pida para adquirir estimulantes?
Por otra parte se exige a los campesinos cocaleros erradicar la planta maldita y soportar los pesticidas que dejan estéril la tierra por varios años, imponiendo un cambio en la producción rural. ¿Están listos los países industrializados a abrir sus puertas a las mercancías del tercer mundo? Finalmente están las fuerzas irregulares que efectúan masacres, que ahora piden diálogo a la FARC y al gobierno. Ambos se niegan alegando que no tienen aquéllas carácter político, sino delincuencial, aunque sean una realidad. En resumen, el caso colombiano si bien es trágico y merece nuestra solidaridad tienen poco chance de resolverse mientras no se conteste con sinceridad y profundidad las preguntas que plantean sus críticos. Por de pronto Nicaragua acierta en apoyar la captura de los narcotraficantes que pululan en las aguas vecinas y jurisdiccionales.
* Ex canciller de Nicaragua.
