Mario Alfaro Alvarado
Sucedió lo que se esperaba que sucedería: estalló la huelga en el transporte y su solución costó pérdidas económicas al país y muchas penalidades a los usuarios.
La incapacidad del gobierno para resolver un problema nacional creciente; la espiral de los precios del combustible que se quiere paliar con subsidios; la estructura de un Estado instalado en 1893 y que muy poco evolucionó en todo el siglo XX; son los tres vértices de un triángulo vicioso en que se enmarca un problema capital para la economía y la gobernabilidad de una sociedad ahíta de abusos, incapacidad y desorden.
Incide el transporte en cada paso de la producción de un país, desde la obtención de las materias primas hasta la distribución de los productos terminados. Incide en la vida de los ciudadanos, en todas sus actividades, desde los niños que van al colegio hasta las personas que trabajan, las que viajan por negocios o disfrutan del turismo.
La globalización ha hecho del transporte un problema global y, por tanto, requiere soluciones globales. El talón de Aquiles de una economía son los costos y cuando esos costos están atrapados en una espiral inflacionaria creciente unida a la voracidad fiscal de un gobierno inepto y desordenado, esa economía no progresa. La población sufre directamente los efectos porque de su trabajo sale el subsidio que el gobierno aplica para paliar y detener temporalmente la presión de los transportistas.
Entre otras soluciones del gobierno está la de enfrentar a transportistas y usuarios en una perenne pugna por la subida constante de los pasajes. Los cupones de combustible, además de ser un paliativo pasajero, se presta para que en los vericuetos de una burocracia corrompida, se distribuyan mal y se falsifiquen para beneficio de pocos y en detrimento de muchos.
¿Para qué sirve ese MTI y esa otra cosa que se llama INTRAMA, que ni siquiera saben cuántos vehículos tiene cada cooperativa de taxis, autobuses y de camiones? ¿Se justifica que además de emitir los cupones de combustible, venga el MTI y el INTRAMA a decir que falsificaron los cupones y que algunas cooperativas obtuvieron más de los que tenían derecho a obtener? En nada alivian esas justificaciones el padecer de los usuarios, que por la huelga deben ir a pie a sus trabajos.
Es un hecho bien conocido que el gobierno se lleva una buena parte del valor de los combustibles, así suba o baje el costo internacional del petróleo. Es un hecho bien conocido que al gobierno sólo le interesa el cobro de los impuestos para pagar los derroches de una administración desordenada y disoluta, para pagar entre los demás privilegios de la clase gobernante, los kilometrajes y los gastos de representación de algunos altos funcionarios. Algo nuevo en la maquinaria de la explotación y privilegios.
Los precios de los carburantes seguirán subiendo sin mengua, porque es la fuente de ingresos más segura que tiene la desastrosa o nula política económica del gobierno. Seguirán las huelgas; seguirán los usuarios soportando el encarecimiento del transporte mientras no mejoran sus ingresos; y seguirá el derroche de los impuestos mientras se le ofrece a la población a manera de consuelo el futuro ingreso de Nicaragua en la iniciativa HIPC.
Todo esto tiene su raíz en la organización de un Estado caduco, de corte feudal; donde, a pesar de la evolución de la sociedad nicaragüense hacia formas y estructuras más complejas, se mantiene, como en los fondos medievales, la existencia de dos clases sociales: la opulenta que vive de la explotación y la otra, la explotada, condenada a trabajar duro para sobrevivir.
El paro se suspendió cuando el gobierno cedió a las demandas de los transportistas; los bonos seguirán repartiéndose; el gobierno seguirá beneficiándose de los altos precios del combustible; y todo volverá a ser lo mismo. El problema del transporte no se ha resuelto, tan sólo quedará diferido hasta la próxima crisis. Mientras tanto los usuarios, el país entero, volverá a sufrir los efectos negativos de las huelgas venideras.
* El autor es periodista.
