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El dinero que el gobierno regala a los empresarios del transporte público beneficia muy poco a la población y sería mejor que lo invirtiera en obras de más provecho público, porque seguir nutriendo a un grupo de empresarios que sólo quieren ganar y nunca invertir, nos impedirá llegar a tener un servicio de transporte con calidad.
El gobierno obsequia, o subsidia como suele decir, 4,500 córdobas mensuales, en bonos de combustible, por cada bus. Muchos empresarios cambian esos bonos por dinero en las gasolineras y los utilizan con otro fin, porque ellos perciben una ganancia promedio de 500 córdobas por día por cada bus que poseen, según me confesó un amigo metido al negocio.
Se supone que el subsidio del combustible es para que los transportistas cobren una tarifa baja (2.00 córdobas) y así beneficien a los usuarios, pero estos reciben mal trato y arriesgan sus vidas en buses deteriorados que con frecuencia ocasionan accidentes, sin que nadie proteja a los pasajeros.
Los transportistas, en cambio, reciben otros beneficios económicos del Estado, ya que por pertenecer a cooperativas están exentos de impuestos para la compra de buses, llantas y repuestos, mientras la calidad del servicio sigue mal o peor, como indicativo de que el subsidio incide poco o frena el desarrollo del sector y sólo favorece a los empresarios.
Le pregunté al transportista por qué cambian los bonos de combustible por dinero y explicó que con frecuencia se dañan los resortes de los buses, por los hoyos que hay en las calles periféricas. “Esas reparaciones son las que nos causan pérdidas”, enfatizó.
Creo por tanto que el subsidio está mal orientado y en vez de dárselo a ellos deberían invertirlo en mejorar las vías de circulación, para que los buseros disminuyan sus gastos por repuestos.
Además, una buena reparación y mantenimiento de calles también beneficiaría a miles de capitalinos que viajan en vehículos propios y sufren las consecuencias económicas de los baches, sin la esperanza de que el Estado los indemnice, a pesar de que pagan puntual sus impuestos.
Los transportistas alegan que pagan unos 30,000 córdobas mensuales en impuestos y el gobierno sólo les devuelve 4,500 córdobas en subsidio. ¿Acaso tampoco quieren pagar impuestos? La tributación es un deber de todos los nicaragüenses con determinados ingresos, sean asalariados o empresarios. El subsidio, en cambio, no es obligación del Estado y en casos como este parece más nocivo que útil, porque apaña a empresarios que quieren proteger sus ganancias sin arriesgar inversiones.
Lo inconcebible es que hasta los taxistas reciban bonos de subsidio, si ellos cobran lo que quieren, mientras la mayoría de la población se las ingenia para subsistir con salarios bajos y expuesta a la delincuencia, porque la Policía carece de fondos para protegerla.
