Emilio Alvarez*
De sobra conocemos el deterioro en opinión pública que sufre un partido de gobierno, sobre todo cuando está por terminarse su período y debe escoger al sucesor. Dos fuentes alimentan esa percepción negativa. La primera es el rendimiento mostrado en su gestión gubernativa. La segunda son las faltas de criterio, omisiones y actitudes acumuladas justa o injustamente al Jefe de Estado.
Trataremos de estimar ambos efectos en el PLC y las posibilidades que su imagen actual tiene de repararse. Con relación a aspectos administrativos, el PLC demostró resultados excelentes: escuelas, carreteras, edificios públicos etc. y en lo económico, mantenimiento del flujo de ayuda externa, hasta conseguir el punto de partida del HIPC. Desafortunadamente ese tipo de récord pronto cae en el olvido en nuestro medio y aunque lo merezca no consigue reconocimiento.
En cambio el otro aspecto del comportamiento del partido de gobierno, que llamaremos político, se refiere a decisiones que resultaron perjudiciales a las instituciones públicas, esas fallas se cobran caro y requieren urgente rectificación para evitar rechazos inesperados en las urnas electorales.
En el caso concreto de este segundo factor, el mayor perjuicio se lo inflingió el PLC al pretender comprar gobernabilidad, poder e incluso posibilidad de prolongar el mando, a cambio de ceder cuotas de poder al FSLN. Si bien cesaron las asonadas y tomas de edificios, produjo la entente de las “nuevas paralelas” tres efectos perjudiciales, tanto moral como daños graves al ritmo de la transición hacia la democracia que llevó el país durante los dos primeros años del actual gobierno.
Nos referimos en primer lugar a la intensa politización que la entente política causó a los poderes del Estado, sobre todo a la Corte Suprema, donde hizo estragos. Señalemos como ejemplos: el desprestigio de la justicia, los amparos a funcionarios enjuiciados para evitar su encausamiento, la lenidad de jueces, engavetar recursos de inconstitucionalidad sobre la Ley Electoral, que ahora facilitaría su reforma, etc.
Los mismos efectos nocivos cayeron sobre la Contraloría de la República, inerme frente al caso de Iniser y los checazos. A su vez el CSE se convirtió en caja de resonancia de los pactantes imponiendo la inhibición de un competidor popular; siguen atrasados en resolver la petición del MUN y hubo truculencias en el reconocimiento de firmas.
El segundo fruto de los pactos fue el abandono que hizo el FSLN y de su rol de partido opositor, absteniéndose de reclamar abusos y deficiencias. Su papel lo recogieron felizmente periodistas acuciosos y sagaces, cuando vieron al FSLN convertirse en colaborador de lo establecido, desactivando su preocupación inicial por los escándalos del Banic, Enel, DGA, DGI, Interbank, etc.
El tercer efecto fue la indiferencia manifiesta con que el partido de gobierno manejó los casos señalados, protagonizados por altos funcionarios, dejándolos en posiciones directivas y finalmente su agresividad innecesaria con las ONG independientes.
Aunque es un poco tarde para enmendar desaguisados, algo puede hacer la Corte Suprema si se logra con su dictamen enmendar la Ley Electoral. Es absurdo obligar a partidos que ya tienen personería política, recoger firmas: un trámite de 200 mil dólares. También debe el CSE aceptar al MUN de una vez.
La clave sin embargo y la última oportunidad para restaurar credibilidad la tiene el PLC en su próxima Convención Nacional que precisa ser modelo de la libertad, transparencia e igualdad, para que su candidato tenga legitimidad y respetabilidad. Las alianzas no son tan importantes para motivar al votante, porque éste ya no cree en ideologías ni en partidos, sino en personalidades confiables. Como partido mayoritario el PLC tiene la mayor responsabilidad de preservar el régimen democrático, escogiendo a un candidato con récord de haber servido con capacidad a la Patria, con personalidad y firmeza de criterio, tener arraigo, creatividad y auspiciar el regreso de compañeros apartados o disidentes.
* Ex Canciller de la República.
