Reformas constitucionales

José Antonio Tigerino Altamirano

Todo objeto que cae, seguirá adquiriendo velocidad, mientras no se tomen medidas apropiadas para evitar el desastre y éstas deben ser drásticas y substanciales. Nuestra economía va en caída irreversible. No es posible sostener un país, donde las exportaciones producen la tercera parte de las importaciones y los ingresos no cubren ni la dos terceras partes de los egresos.

De qué sirve pedir condonaciones de deudas impagables si para nivelar la economía tenemos que seguir endeudándonos en un círculo vicioso. La única esperanza es que no vuelvan los tiempos en que las grandes naciones cobraban las deudas a cañonazos.

Como medida adecuada para detener la caída propongo una reforma constitucional que disponga lo siguiente:

I. Reducir a la mitad el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

II. Dejar la Contraloría General de la República y el Consejo Supremo Electoral, con la misma organización que tenían antes de las últimas reformas.

III. Establecer en la Asamblea un total de sesenta diputados. eliminando los complementarios actualmente establecidos.

IV. Que el Presupuesto General de la República especifique en detalle cada uno de los gastos, sin dejar partidas para uso discrecional.

V. Que el Ejército asuma el 50 por ciento de sus egresos para cubrirlos con fondos propios, o si prefiere que pase sus bienes al Erario Nacional, reservándose un fondo para jubilaciones de retiro.

VI. Que se disponga que ningún funcionario público o que administra bienes del Estado, su honorario pueda ser mayor de diez veces lo que gana un maestro de secundaria de tiempo completo.

VII. Que se eliminen los representantes al Parlamento y a la Corte Suprema de Justicia Centroamericanos.

VIII. Facultar al Poder Ejecutivo para poder convenir con los hermanos de Centroamérica, acuerdos para establecer representaciones diplomáticas en conjunto.

IX. Restablecer el Banco Nacional de Nicaragua con facilidades de préstamos para pequeños agricultores y comerciantes.

X. Permitir los préstamos hipotecarios, con los mismos intereses que los bancarios.

XI. Que no puedan importarse automotores de uso personal, con valor mayor de quince mil dólares, incluyendo impuestos.

XII. Que se establezca la rigidez absoluta de la Constitución, por diez años, después de la aprobación de las reformas.

Haciendo un breve análisis de los puntos expresados, es evidente que con los aumentos en el número de los magistrados en los poderes producidos por los últimos convenios políticos, más bien se han retardado los procedimientos. Que por lo general, ese es el número de diputados que asisten y son menos los que participan en los debates. Siendo esto lo relativo al presupuesto, ante todo para reducir gastos.

En cuanto a la colaboración económica del Ejército, cuya existencia es incuestionable, siempre se ha debatido su gestión económica independiente, como desproporcionada a su condición de subordinado al Poder Ejecutivo.

Las representaciones diplomáticas en conjunto, es un principio de la integración y el Banco Nacional y los préstamos hipotecarios reglamentados evitarán las formas usureras y fraudulentas con que tratan de protegerse los prestamistas.

* El autor es abogado.  

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