Por medio de un informe publicado ayer jueves en LA PRENSA y otros medios escritos, el Ministerio de Gobernación (Mingob) dio a conocer las irregularidades que supuestamente cometieron directivos de “Nochari” (nombre de un legendario jefe indígena nicaragüense de la zona sur del país), la ONG de Nandaime que fue cerrada recientemente por decisión gubernamental. Al mismo tiempo, el Mingob anunció que “está procediendo a ordenar el funcionamiento de todas las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro” (que) “no están operando ordenadamente, antes bien están prestando servicios diferentes a sus objetivos”.
Por su parte, directivos de “Nochari” y de la Coordinadora Civil por la Emergencia y la Reconstrucción (CCER) han rechazado las imputaciones gubernamentales y más bien denunciaron que lo que pretende el Gobierno es eliminar a algunas ONG que cumplen funciones solidarias y ayudan a la población a salir de la extrema pobreza.
En realidad, no es lógico que el Gobierno reprima a los ONG y trate de liquidarlos sólo porque trabajan a favor del desarrollo humano. Más creíble es la versión de que las presiones contra algunas ONG tendrían motivaciones políticas, dado que este Gobierno tiene evidentes inclinaciones autoritarias. Pero el Gobierno no sólo tiene derecho sino también obligación de velar, por medio del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, que las ONG funcionen de acuerdo con los requisitos señalados por la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro (Ley 147).
En todas partes del mundo donde existen las ONG, éstas tienen contradicciones con el gobierno, y viceversa. Las ONG son organismos de interés público que cumplen funciones sociales, operan en espacios políticos y compiten de una u otra forma con los gobiernos y los partidos políticos, y por lo tanto es comprensible que se den fricciones en sus relaciones directas o indirectas con los gobiernos. Pero esas contradicciones se resuelven o deben resolverse de manera constructiva, en beneficio de los grupos sociales beneficiarios de las actividades que promueven las ONG.
En general las ONG tienen propósitos solidarios, caritativos, altruistas y humanitarios; sus actividades se orientan a favorecer a los sectores más humildes y necesitados de la sociedad, y a nivel internacional promueven algunas causas nobles de la humanidad: derechos humanos, protección del ambiente, lucha contra la pobreza extrema, etc. Entre las grandes ONG internacionales las hay quegozan de una excelente reputación profesional y autoridad moral, como Amnistía Internacional y Cáritas, por ejemplo.
Pero también es cierto que hay ONG que sirven como mampara de movimientos políticos, que las usan para captar recursos económicos y hacer proselitismo solapado, y también las hay que son refugio de oportunistas y vividores. En todas partes del mundo, incluyendo a Nicaragua en los últimos años han proliferado las ONG. El grueso de la producción legislativa de la Asamblea Nacional es la aprobación de personalidades jurídicas para ellas. Sólo este año, por ejemplo, de 233 piezas legislativas que aprobaron los diputados 175 fueron personalidades jurídicas de asociaciones civiles sin fines de lucro. En un artículo publicado en el Suplemento Económico de LA PRENSA del jueves 7 de diciembre recién pasado, el señor Cornelio Hopmann señaló que “las ONG se han convertido en el segundo empleador más importante del país. Con un estimado de 78 mil empleados en diversas formas, poco falta para que desplacen al Estado”.
La verdad es que entre tantas ONG que hay en el país y por los cuantiosos recursos que canalizan, es comprensible que haya algunas que desvirtúan los fines para los cuales fueron creadas, o que desde su constitución se orientan a objetivos que no son humanitarios y que tienen fines de lucro. Y la autoridad correspondiente tiene que velar porque esto no ocurra.
En su informe público sobre las supuestas anomalías que cometieron los directivos de “Nochari”, el Ministerio de Gobernación dice que “Aplicar el marco jurídico vigente para el funcionamiento de las ONG debe interpretarse como una medida de fortalecimiento del Estado de Derecho”. Sólo que la aplicación de la ley debe ser usada como pretexto para ejercer represalias por motivaciones políticas e ideológicas de ninguna clase.
