Juan Cano S.*[email protected]
A propósito de la pregunta que reflexivamente se hace el Sr. Freddy Potoy en el apartado “Mi punto de vista”, -publicado el pasado 5 de diciembre-, sobre “¿Cómo es posible que el mismo asesor de la Asamblea Nacional, Raúl Palacios, sea el abogado de un prófugo de la justicia mexicana?”, la respuesta podemos encontrarla a través de un planteamiento lógico y consecuente: “si toda persona es la suma de sus actos y omisiones, es obvio que, al menos para definirla, hay que inferir lo que es de lo que hace, y ella alcanza a los que aceptan, secundan, consienten y toleran dichas actitudes”. Luego, por mucho que leamos “El Criterio” (obra del gran filósofo catalán Jaime Balmes), lo que ocurre en la vida institucional de Nicaragua, aparte de no tener justificación, empieza por no tener explicación política, jurídica, moral o de sentido común. Por tanto, los imposibles de tal naturaleza ya nos parecen “imposibles metafísicos”, que son aquellos que no se alcanza a comprender por medio de nuestros sentidos, sino tan sólo a través de los sueños, pero sin saber si son la regla general o la excepción.
Por tal motivo, para explicar y simplificar lo que ocurre con la actitud del asesor de la Asamblea Nacional, Sr. Raúl Palacios, conviene descender a la sabia filosofía popular o buscar la respuesta en la vida que nos circunda, porque es allí donde, sin duda alguna, los paralelismos resultan más auténticos. Y para muestra la siguiente respuesta a modo de acontecimiento anecdótico y paradójico: En cierta ocasión cuando un presunto atracador de una entidad bancaria estaba siendo juzgado, el Juez se dirigió de forma vehemente al acusado y le dijo: Me parece muy bien todo lo que ha dicho en su defensa su abogado pero, por lo que más quiera, ¡le ruego me diga dónde está el botín del atraco!, y el acusado, dirigiendo la mirada y su dedo índice a su abogado defensor, le contestó de forma rotunda al Juez ¡lo tiene mi abogado!
Obviamente, tanto si entendemos que el abogado colaboró en el atraco, -lo que en modo alguno pudo probarse- deducimos que el dinero del botín fue a parar a manos de dicho profesional -a modo de pago por los servicios que estaba prestando-, lo que sí está claro es que, en el caso del Sr. Palacios, la libertad de defensa no puede servir de justificación para vulnerar incompatibilidades jurídicas y morales de sentido común, y menos para convertir una actuación profesional en una “Patente de corso” al servicio de oportunismo y de la más absoluta inmoralidad.
Por consiguiente, como en modo alguno cabe aquí hablar de asilo político por motivos ideológicos, no sería nada extraño que ahora -por intereses espúreos- se cree una ley para establecer el “asilo económico” por encubrimiento, o que el prófugo mexicano, señor Espinosa Villarreal esperemos que no ocurra-, aparezca muerto por algún lado, para que alguien pueda lucrarse y defenderse luego con la siguiente frase lapidaria: “el ladrón que mata y roba a ladrón tiene doscientos años de perdón”. En consecuencia, entre sinvergüenzas anda el juego.
*El autor es abogado
