A pesar de los múltiples problemas que hubo durante las elecciones municipales del domingo pasado, y de las arbitrariedades que se cometieron para sacar de la competencia a algunos partidos opositores, en términos generales se puede decir que fue buena la actuación del Consejo Supremo Electoral (CSE). Y ante todo hay que reconocer que no hubo ninguna evidencia de fraude ni se presentaron denuncias graves que empañaran el proceso de las votaciones y empañaran sus resultados.
Las elecciones municipales del domingo pasado fueron, pues, una “fiesta cívica” y una demostración de madurez cívica y democrática de los nicaragüenses.
Pero eso no significa que se deba menospreciar los problemas que hubo durante las votaciones, los que no deberían repetirse en las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año. Nos referimos sobre todo a la gran confusión de nombres en el padrón electoral, lo cual seguramente fue uno de los factores más influyentes para el alto grado de abstencionismo. Otros problemas, secundarios pro también importantes, aunque secundarios, fueron los cambios a última hora de domicilios de Juntas Receptoras de Votos y el retraso en la entrega de las credenciales a algunos funcionarios de las Juntas y los fiscales de los partidos.
Se trata de fallas que seguramente no fueron causadas por voluntad política de los partidos -PLC y FSLN- que controlan el Consejo Supremo Electoral, sino que fueron problemas causados por los cambios en la composición de los órganos electorales como consecuencia del pacto libero-sandinista, pero que en cualquier caso tienen que ser corregidos inclusive por medio de una reforma a la Ley Electoral, según lo están demandando ya algunas entidades políticas.
La nota dramática de las elecciones y de hecho la única falla política e institucional de mayor gravedad fue el caso de Yatama (hijos de la madre tierra, en la lengua miskita), cuya exclusión de las elecciones provocó las protestas populares y los actos de violencia que ocurrieron en la ciudad de Puerto Cabezas, o sea Bilwi, que es como la llaman los indígenas.
Sobre la exclusión de Yatama de la participación con sus propios candidatos en las elecciones del domingo pasado, se ha especulado mucho y hay inclusive quienes aseguran que es parte de un vasto plan de las cúpulas liberal y sandinista para apoderarse de las riquezas naturales de las regiones atlánticas, que pertenecen a los miskitos y otras etnias por derecho propio y disposición constitucional.
Sin embargo, al margen de las especulaciones políticas el hecho es que el CSE creó un serio problema en la RAAN, que podría tener consecuencias nacionales, al desconocer el derecho de los indígenas de Yatama a elegir a sus propias autoridades tal como lo establecen claramente la Constitución Política de la República y la Ley de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua. Y al respecto hay que reconocer la madurez cívica de los dirigentes de Yatama, que no incurrieron en actos de violencia el día de las elecciones a pesar de la profunda herida que el exclusionismo del CSE causó a los sentimientos de la población indígena de la RAAN.
La verdad es que el Consejo Supremo Electoral perfectamente bien pudo posponer la celebración de las elecciones en Bilwi y otras comunidades afectadas por el conflicto, tal como se lo permite el Artículo 4 de la Ley Electoral y se lo pidieron Yatama y distintas organizaciones cívicas. Pero el CSE se empecinó en imponer la celebración de las elecciones en Bilwi y otras comunidades de la RAAN afectadas por el conflicto, y el resultado fue la abstención casi total de los ciudadanos de esas localidades.
No es bueno para nadie, y al contrario, es perjudicial para toda la nación, que permanezca abierta esa herida en los sentimientos de las comunidades étnicas del Atlántico. Y a pesar de que la abstención no es causa de nulidad de las elecciones, según lo que dice la Ley, el Consejo Supremo Electoral y los otros poderes públicos deberían buscar una solución institucional y legal que reivindique el derecho de Yatama a elegir a sus propias autoridades municipales.