Ramiro Sacasa Gurdián
La interacción fundamental entre el gobierno y el pueblo gravita en torno al conjunto de normas y principios que deben regir un auténtico estado de derecho y las expectativas que esperamos los nicaragüenses del desenvolvimiento de la democracia. El orden institucional y el establecimiento de reglas claras del juego político deben estar basadas en la búsqueda de soluciones cívicas y duraderas cuya vigencia debe regir los destinos de la nación. Como afirmara James Buchanan, Premio Nobel de Economía: “Los buenos juegos dependen de las buenas reglas, más que de los buenos jugadores”.
El Liberalismo Constitucionalista rescató la bandera del partido y de sus principios para la posteridad proponiendo un liberalismo renovado y beligerante que propiciara el cambio y la transformación ordenada de las estructuras económicas y sociales por “una Nicaragua para todos”. El lema constitucionalista parte de la defensa de la libertad política y contra el abuso del poder, la ley como reconocimiento del derecho, la honradez y transparencia en el manejo de los funcionarios públicos, la justicia social, la libertad de expresión, el derecho de los trabajadores y campesinos, la garantía de las libertades individuales y sobre todo el respeto a la dignidad humana. Después de tres años de gobierno liberal, es necesario reflexionar realizando un análisis sincero, franco y abierto de dónde estamos situados y cuáles son las perspectivas que nos presenta el futuro.
Resulta una contradicción evidente las arbitrariedades y los hechos de corrupción que se han conocido ampliamente por los medios de comunicación que desacreditan al gobierno; pero conocerlos no es suficiente, porque no hay sanciones a los implicados, ni tampoco existe el convencimiento de la necesidad de la transparencia en sus actuaciones. Esa falta de acción está creando un mayor escepticismo en la confiabilidad del gobierno que pudiera representar un voto de castigo en las próximas elecciones municipales. Como dijera el Libertador de las Américas, Simón Bolívar, “el que manda debe de escuchar aunque sea las más duras verdades, y después de oídas, debe de aprovecharse de ellas para corregirlas.”
Estamos frente a la inevitable coyuntura de la segunda muerte del liberalismo. Como liberal constitucionalista de espíritu y de filosofía, es para mí realmente trágico ver cómo los más básicos principios liberales son violados. La impunidad de los “pecados del Estado” hace que éstos se cometan con mayor frecuencia. El papel relevante que el Poder Ejecutivo está obligado a cumplir no debe de estar bajo ninguna sombra de sospecha de que tiene gente a su alrededor vinculada con hechos de corrupción.
Es también el deber del Presidente de la República vigilar sobre la legítima inversión de las rentas públicas en beneficio del pueblo y no permitir la hegemonía de los negocios de sus allegados inmediatos y del tráfico de influencias. La corrupción del gobierno tiene que terminarse inmediatamente a todos los niveles. El dinero que utiliza el gobierno es el dinero del pueblo que debe ser utilizado en la creación de trabajo y en mejorar los niveles de vida de la población. El presupuesto nicaragüense se ha convertido en un botín para ser repartido entre ciertos políticos que llegan al poder. Estos hechos que se han denunciado ampliamente y son, a mi juicio, extremadamente graves, pero frente a esto es el jefe de Estado quien debe de estar más interesado en que se aclare transparentemente.
Necesitamos partidos políticos modernos y no divididos, partidos de principios y no de hombres. Hombres y mujeres de pensamientos dignos que quieran contribuir al bienestar de Nicaragua, sin sumisión ni servilismos, pero sí con empeño y entrega real del espíritu a la causa popular, sin simulaciones, ni engaños. Líderes que estén dispuestas o dispuestos a abolir la corrupción, la parcialidad en la aplicación de la justicia, los pactos a espaldas del pueblo, la falta de autonomía del Poder Judicial y Legislativo, las exclusiones de la participación democrática, los vicios de las privatizaciones, el tráfico de influencias y las mordidas ilegales, la adjudicación arbitraria de proyectos del gobierno a familiares, el desenfrenado enriquecimiento de los actores políticos, etc. Es sin duda el regreso del “altruismo del poder” y de las maniobras políticas que han vuelto en puro vigor. Es la negación del liberalismo constitucionalista. Como dice el refrán popular: “Desaparecido el líder, se olvidan los principios y aparecen los oportunistas”.
El derecho debe garantizar la justicia para todos y la seguridad debiéramos de tenerla siempre presente, es el mantenimiento del orden legal que permite a todos, saber el límite de los atributos del poder y del disfrute de los derechos individuales y sociales. La democracia y el estado de derecho son indivisibles y deben ser parte de un todo integral. Por lo tanto es una hipocresía, una contradicción y una inconsecuencia el pretender que puedan existir y ejercitarse ciertas libertades y otras no. El orden legal se está utilizando como un recurso acomodaticio que se invoca para defender solamente intereses de grupos o personas, y no porque se valore o respete la justicia como un todo. Por consiguiente, es imperante aplicarle fundamentos liberales a nuestra democracia, pero también hay que democratizar el liberalismo, sustentándolo desde sus bases y en el cumplimiento de sus principios como baluarte de la dignidad nacional.
Las lecciones del pasado son inequívocas: el relanzamiento de la democracia exige mas democracia y una más intensa y sincera participación ciudadana. Es necesario cambiar el rumbo hacia un auténtico liberalismo constitucionalista, para que sus principios permanezcan a la vanguardia de los cambios democráticos que exige Nicaragua, fomentando el trabajo libre y honesto, la libertad, el derecho y la justicia social, y dejando atrás para siempre el revanchismo, la corrupción y el abuso. El pueblo lo merece.
Master en administración de negocios
