Leí las tres opiniones sobre el tema de las indemnizaciones a los altos funcionarios. De las tres la más acertada me parece la titulada Negativo Impacto Social. No podemos limitarnos solamente a ver la letra de artículos del Código del Trabajo sin analizar a fondo el espíritu, ni la moral, o la intención de la leyes laborales, porque éstas deben ser “razonables” y moral y éticamente aceptables de acuerdo al medio en que se vive. No hay que confundir “prestaciones sociales” con “indemnizaciones” a altos cargos.
Nada tiene que ver una cosa con la otra. El comentario del abogado Chávez lo indica: “Seguramente en el sector público para evitarse… etc., etc.” y lo dice así, con razón, porque las indemnizaciones para altos cargos no están protegidos, ni regulados por la leyes en el sector público. Las leyes laborales son para proteger los derechos sociales básicos, como pago de horas extras, salario mínimo, descanso, séptimo día, vacaciones, etc. En los mismos convenios internacionales de acuerdo a las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, no está contemplado ese tipo de indemnización. En todos los países civilizados, los altos cargos del sector público ganan menos de lo que ganarían en la misma posición en la empresa privada, y con prestaciones diferentes, especialmente de retiro, las cuales en el sector privado son objeto de una negociación, particularmente bilateral, entre la empresa y el empleado de alto cargo al momento del contrato. En Nicaragua antes de 1979, los altos cargos, ministros por ejemplo, recibían salarios de 4,000 ó 5,000 córdobas, más carro y gasolina. (Ver el presupuesto), nadie tenía tarjetas de crédito del gobierno, ni recibía indemnización al retirarse, y no había los grandes escándalos en la proporción de ahora. En materia laboral, lo lógico es que cuando hay una negociación entre trabajadores y empleadores, el resultado de la negociación y los beneficios que resulten de la misma, serán “razonablemente proporcionales” a la capacidad de pago de la empresa, porque no puede dar lo que no tiene, de lo contrario tendría que cerrar.
Moralmente, son inaceptables las indemnizaciones como se dan en este gobierno.
Julio Ignacio Cardoze
Ex-Ministro del Trabajo de Nicaragua.
Miami [email protected]
