El concejal capitalino y presidente del Partido Conservador de Nicaragua, Pedro Solórzano, está siendo acusado de violar la Ley de Contrataciones Administrativas del Estado y su Reglamento, en el caso de 6 contratos que el gobierno municipal de Managua hizo en 1999 con Solectra Industrial, una empresa en la cual Solórzano tiene participación accionista.
Según la acusación, que fue originada anónimamente y asumida por la Contraloría General de la República con excepcional diligencia, los contratos de la Alcaldía de Managua con Solectra Industrial para la realización de trabajos metalúrgicos (contenedores de basura), se habrían hecho de manera irregular para beneficio pecuniario de Pedro Solórzano.
Solectra, por medio de su gerente general, Juan Solórzano Castillo, explicó el 5 de octubre que las contrataciones con la Alcaldía de Managua se hicieron de manera correcta, “compitiendo con otros 5 oferentes de los mismos servicios”, y aclaró que no son 12 millones de córdobas los que sumaron las mencionadas contrataciones, sino sólo un poco menos de 2 millones de córdobas. Solectra explicó también que el concejal Pedro Solórzano no tuvo nada que ver con esas transacciones, “porque pese a ser socio de nuestra empresa, sus acciones se encuentran en un fideicomiso, en una decisión que él tomó en 1997…”.
El mismo Solórzano ha reafirmado que su participación en la empresa fue colocada en fideicomiso desde que asumió la función pública en la Alcaldía de Managua, pero este alegato no es aceptado por la Contraloría porque ese tipo de fideicomiso no está legislado en Nicaragua, y por lo tanto para todos los efectos legales el concejal Pedro Solórzano siguió y sigue teniendo acciones en Solectra.
En realidad, es obvio que la acusación originada anónimamente en contra de Pedro Solórzano y asumida como propia por la Contraloría colegiada, apunta a impedir la candidatura del líder conservador a la Presidencia de la República, de la misma manera que se le impidió ser candidato a alcalde de Managua. No otra cosa se puede deducir de la asombrosa diligencia con que está actuando la Contraloría colegiada en este caso, y de las declaraciones de prominentes miembros del gobierno y del partido oficialista, que de previo dan por culpable a Pedro Solórzano y hasta aseguran que los contratos de la Alcaldía con Solectra fueron para pagarle por su apoyo a la bancada del PLC en las votaciones del Concejo de Managua.
Por otra parte, si bien es cierto que la acusación contra Solórzano es una maniobra sucia de sus adversarios políticos, y no obstante que el caso de la contratación supuestamente irregular de la Alcaldía de Managua con la Solectra Industrial es un asunto de muy poca monta, comparado con los gigantescos y escandalosos casos de corrupción gubernamental (checazos, chinampazos, Banic, “indemnizaciones” millonarias, etc.), la verdad es que ni siquiera en montos pequeños se justifica el aprovechamiento de los cargos públicos para favorecer intereses particulares, propios o de parientes y amigos.
Según la clásica definición de Max Weber adoptada en todas partes del mundo, “la corrupción es la conducta que se aparta de los deberes formales de un cargo público, en busca de beneficios pecuniarios o de posición (camarilla, personal, familiar o privada) que conciernen al interés privado o que viola las normas que coartan ciertos tipos de conductas tendientes al interés privado”.
Eso significa que toda persona que asume la responsabilidad de ejercer una función pública, debe dominar la tentación de usar el cargo para hacer negocios que lo beneficien directa o indirectamente, y no solamente a él sino también a sus familiares, amigos personales y compañeros de partido. O sea que aún cuando Pedro Solórzano puso sus acciones de Solectra bajo la responsabilidad de otra persona, seguía vinculado directa o indirectamente a la empresa y cualquier contratación de ésta con la Alcaldía le planteaba un conflicto de intereses. Y en estos casos los conflictos de intereses sólo se resuelven éticamente renunciando al negocio o al cargo público.
El funcionario público debe actuar de manera honesta y transparente, no sólo para evitar que un adversario perverso le ajuste las cuentas, sino simplemente porque debe serlo.
