El candidato del FSLN a la Alcaldía de Managua, Herty Lewites, asegura que no es con el propósito de alentar tomas de tierras que está repartiendo títulos ficticios de propiedad a los habitantes de los más o menos 40 asentamientos urbanos ilegales que hay en la capital, con la promesa de hacerlos efectivos si gana la elección del 5 de noviembre. Inclusive, Lewites ha dicho que “condena” cualquier toma de tierras y que jamás las legalizaría en ningún lugar.
La explicación de Lewites se produjo después que el representante legal del gubernamental Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Luis Benavides, pidió al Consejo Supremo Electoral (CSE) que prohíba al candidato sandinista “continuar repartiendo títulos de propiedad-compromiso, por considerar que es un proselitismo que hiere un tema profundo, que es el tema de la propiedad”.
Por su parte, el CSE no se ha pronunciado sobre la petición del PLC. Sin embargo, el magistrado sandinista José Luis Villavicencio sentenció que la repartición de títulos-promesas de propiedad no violenta la Ley Electoral: “Los candidatos tienen la libertad en sus plataformas programáticas de expresar las promesas que ellos estimen necesarias y convenientes, pensamos que son los ciudadanos los que van a juzgar”. Villavicencio no aclaró si al decir “pensamos”, se refería a los miembros de su partido, FSLN, o a los magistrados del Consejo Supremo Electoral, que es un poder colegiado y ninguno de sus miembros está facultado para tomar decisiones a título personal.
En realidad, la ley no prohíbe expresamente que los partidos y candidatos distribuyan títulos ficticios de propiedad, ni que prometan cualquier otra cosa de las que suelen prometer en las campañas electorales. Lo que sí establece la Ley Electoral (artículo 107) es que “la propaganda electoral deberá ceñirse a los valores, principios y derechos consignados en la Constitución Política”; y ésta garantiza (artículo 44) “el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles, y de los instrumentos y medios de producción”. Con la salvedad que hace la misma Constitución de que dichos bienes “pueden ser objeto de expropiación de acuerdo con la ley, previo pago en efectivo de justa indemnización”.
De manera que la titulación simulada de propiedades a quienes ocupan tierras ajenas, con la promesa de hacerla efectiva al llegar al gobierno municipal, se puede entender como una “violación a los valores, principios y derechos consignados en la Constitución Política”, ya que los asentamientos ilegales se encuentran en tierras que pertenecen a otras personas, no son del “generoso” candidato que ofrece regalar lo que no es suyo.
Por otra parte, aunque fuese sincero Herty Lewites al decir que con la repartición de títulos ficticios con la promesa de legalizarlos si gana la elección municipal, no tiene el propósito de promover tomas de tierras, la verdad es que sí las alienta, porque hace creer a muchas personas que si ahora ocupan propiedades ajenas después las autoridades las tendrán que titular, o reubicarlos en otras propiedades.
Si Herty Lewites de verdad quisiera resolver el problema de los asentamientos ilegales, debería comprometerse a indemnizar justamente a los dueños de las propiedades ocupadas –y explicar desde ahora cómo piensa obtener el dinero necesario para pagar las indemnizaciones-, tal como lo ordena la Constitución Política de la República y asumiendo que en caso de ganar las elecciones los sandinistas no expropiarían confiscatoriamente las propiedades privadas, como lo hicieron en los años 80.
Es posible que las promesas populistas del candidato sandinista Herty Lewites sean sólo eso, populismo, que como es sabido consiste en engañar a las personas más pobres, desposeídas y marginadas, atrayendo su voto con planteamientos demagógicos, ofrecimientos utópicos y compromisos imposibles o muy difíciles de cumplir.
Pero en el pasado el señor Lewites y su partido no sólo hicieron promesas socializantes, populistas y demagógicas, sino que de hecho atentaron contra la propiedad privada; no sólo alentaron y dirigieron tomas de tierras, sino que ellos mismos se apropiaron de cuantiosas propiedades ajenas. ¿Y quién garantiza que no lo harían de nuevo, en el caso de que volvieran al poder?.
