- Fujimori envía proyecto de disolución en 15 días del Servicio de Inteligencia Nacional, órgano que dirige su oscuro asesor
- El paradero del “Rasputín” peruano sigue en el misterio
LIMA/AP,AFP
Los peruanos se encontraban este sábado a la expectativa de la destitución del polémico asesor de Inteligencia Vladimiro Montesinos y de la disolución de su aparato de seguridad, prometidas por el acosado gobierno del presidente Alberto Fujimori.
Ambas posibilidades quedaron abiertas la noche del viernes cuando el gobierno se comprometió a sacar de su cargo a Montesinos en un plazo de tres días y simultáneamente envió al Congreso un proyecto de ley para disolver en 15 días el Servicio de Inteligencia Nacional, en manos del estrecho colaborador de Fujimori.
Con este proyecto, el mandatario daría cumplimiento al compromiso que hiciera el sábado pasado durante un mensaje al país, que fue de dos puntos: convocar a nuevas elecciones en el plazo más breve en el que no participará y la desactivación del SIN.
El documento, que tiene la rúbrica del presidente Fujimori y la del presidente del Consejo de Ministros, Federico Salas, señala que para la desactivación del SIN se formará una comisión que presidirá el primer ministro y la integrará los titulares de Defensa y del Interior.
En tanto, continúa un debate sobre la conveniencia que Fujimori continúe en el poder a raíz de la crisis política que estalló por la divulgación de una filmación en que Montesinos aparece entregando dinero a un diputado opositor, en un hecho denunciado como de corrupción y que remeció los cimientos del gobierno.
Fujimori, acosado por el escándalo, anunció hace una semana que abandonará el cargo y que convocará a elecciones el próximo año, pero los opositores más radicales están exigiendo su renuncia inmediata y su reemplazo por un gobierno de transición que se encargue de llevar adelante los comicios.
Montesinos, otrora poderoso y casi intocable asesor de Inteligencia, parece haber perdido su capacidad de maniobra mientras crecen las acusaciones en su contra por actos de corrupción, amedrentamiento a opositores, violaciones a los derechos humanos, tráfico de armas y vínculos con el narcotráfico.
“La investigación y juzgamiento de Montesinos es una condición ética para que el Perú ingrese de una vez por todas a la fase de democratización”, declaró a la prensa Jorge Santistevan, a cargo de la Defensoría del Pueblo, organismo estatal autónomo encargado de la defensa de los derechos ciudadanos.
Hasta ahora se desconoce el paradero de Montesinos, aunque Fujimori y otras autoridades señalaron que permanecía en Lima.
Versiones periodísticas han advertido que podría abandonar el país y están demandando medidas judiciales para impedirlo y acusan al gobierno de ampararlo.
“Existe la figura de complicidad y corresponsabilidad por parte del gobierno detrás de la demora en la destitución de Montesinos”, dijo el constitucionalista Pedro Planas.
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