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El Tribunal de Apelaciones de Managua amparó a María de Lourdes Muñoz Cortedano, presuntamente amenazada de detención ilegal por el General de Brigada César Antonio Delgadillo Cardenal, Jefe de Operaciones y Planes del Ejército de Nicaragua.
El fallo de la Corte de Apelaciones está firmado por la doctora Aura Doña, secretaria de la Sala Penal; fue emitido el 18 de septiembre, y notificado al siguiente día al General Delgadillo Cardenal.
María de Lourdes Muñoz Cortedano y sus familiares Ernesto Abraham, Martha Dolores y Jenny todos Muñoz Cortedano, y María Zeneida Cortedano, habían denunciado ante el Cardenal Miguel Obando, en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Procuraduría General de Derechos Humanos y otros organismos de Derechos Humanos, que habían sido amenazados en su integridad y libertad por el general Delgadillo Cardenal.
Según la denuncia de la señora Muñoz Cortedano, su familia era amenazada desde que inició el conflicto del presunto fraude ocurrido en la empresa Servicios Navieros y Marítimos (SEMAR), presidida por don César Delgadillo Machado, padre del general Delgadillo, y donde José Ernesto Rodríguez, esposo de María Lourdes, era gerente general.
Rodríguez Muñoz también había denunciando en el consulado nicaragüense en Miami, que había sido amenazado por el jefe militar presuntamente para que no involucrara al señor Delgadillo Machado en el fraude ocurrido en SEMAR, donde se descubrió que la mayor parte de 400 mil sacos de café, propiedad de los hermanos Alex y Saúl Centeno Roque, habrían sido llenados con cascarilla de arroz.
w 24 HORAS
Luego de recibir declaraciones de vecinos y vigilantes del sector de residencia de los denunciantes, el CENIDH solicitó el Recurso de Amparo para los supuestos amenazados.
La Corte de Apelaciones también exigió al general Delgadillo Cardenal que en un plazo de 24 horas, informara de las amenazas de que lo acusan Muñoz Cortedano y sus familiares.
El 14 de septiembre, el general Delgadillo Cardenal envió escrito a la Sala Penal de esta Corte, afirmando que las acusaciones contra él son falsas y que no ha amenazado a los denunciantes.
También explica que él no tiene facultades jurisdiccionales ni policiales para realizar arrestos de personas, y pide al Tribunal que rechace la solicitud de Amparo por considerarlo improcedente.
