Paradójicamente, las jugosas gratificaciones ofrecidas por juntas directivas estatales a funcionarios del actual gobierno auto llamado “liberal”, confirman la tesis verdaderamente liberal sobre los peligros inherentes de la administración estatal.
Al revés de las corrientes de izquierdas o socialistas, el liberalismo auténtico es desconfiado de los poderes centrales y del gran gobierno. Una de las razones principales para esa desconfianza, estriba en la propensión intrínseca que tienen las personas a abusar de las instituciones gubernamentales que les confía la sociedad.
Las empresas privadas rara vez premian a gerentes que tienen un año de servicio, con la clase de gratificaciones (mal llamadas “indemnizaciones”) millonarias como las que ENEL y la Cementera decretaron para los suyos. La causa es sencilla: en las empresas privadas las recompensas salen de las carteras de sus propietarios y directivos, mientras que en las empresas estatales salen del erario público. Por eso es que cuando un directivo estatal decide un gasto no suele experimentar la pena y el consecuente recato que solemos experimentar los mortales a la hora de pagar nuestras cuentas.
Imaginemos la reunión de la junta directiva de la empresa gubernamental X. En la reunión está presente el gerente saliente y uno de sus amigos, directivo de la misma empresa, recita emocionado los méritos y sacrificios indiscutibles del que se marcha y pide para él una “muy merecida” indemnización de doce meses. Todos los miembros de la junta directiva se miran de reojo y uno a uno van asintiendo con sus cabezas. Alguno de ellos no está muy seguro de que el gerente saliente se merezca semejante gratificación, pero vence su escrúpulo y se pliega al grupo. “Al fin y al cabo” se dice para sus adentros, “es mejor ganar un amigo que arriesgar un resentimiento; además, ni míos son estos reales”. La generosidad con el dinero ajeno es la más fácil de las generosidades.
Sin embargo, las soluciones a este tipo de problemas no son meramente morales. En realidad, si se quieren respuestas prácticas convendría frenar la propensión a explicar todos los abusos o fallas que encontramos en el Estado, en base a la falta de ética ciudadana.
La moralidad de los ciudadanos es importante para que los Estados o gobiernos funcionen bien, pero también es fundamental buscar el tipo de instituciones más adecuadas, o ajustadas, a la naturaleza falible y débil del hombre. Esta fue la sabiduría de los autores de la Constitución norteamericana. Compenetrados de la propensión de los seres humanos al abuso del poder, diseñaron un sistema de gobierno para distribuirlo entre varias ramas, relacionadas entre sí por un prudente sistema de controles y balances.
Esta es parte también de la prudencia verdaderamente liberal: reducir el rol del Estado al mínimo indispensable y maximizar el rol de los particulares. El acierto de esta visión está a la vista. Las sociedades más prósperas del último siglo han sido las que permitieron a los particulares el mayor campo de acción y autonomías posibles. En cambio las sociedades estatistas han dejado una estela de ruinas. ¿Quiénes más que los nicaragüenses podemos dar fe de esto, si todavía estamos pagando las desastrosas consecuencias que provocó el sistema sandinista estatista de los años ochenta del siglo XX?
El Estado debe velar por la ley y el orden y garantizar la soberanía nacional. Pero no debe administrar nada que los ciudadanos y las empresas privadas puedan hacer mejor, lo que hoy día incluye casi todo. Petronic, la Cementera, ENEL, INAA, ENITEL, los puertos, los aeropuertos, la Lotería, las universidades y muchas, muchas cosas más, deberían privatizarse cuanto antes, pero de manera honesta, sin coimas de por medio, y sin entregarlas a monopolios privados sino a empresas que compitan entre ellas y garanticen a los usuarios los mejores servicios posibles.
Las empresas privatizadas no se convertirán, sólo por eso, en instituciones perfectas, pero funcionarán con dinámicas o mecanismos más saludables para el país. Esta debería ser la agenda verdaderamente liberal: desmontar al que acertadamente Octavio Paz llamó el Ogro Filantrópico, el monstruo Estado que so pretexto de servir a la comunidad, termina devorando sus magros recursos.