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Decir que un medio de comunicación hace terrorismo periodístico, porque devela abusos administrativos de una institución estatal, es una acusación poco juiciosa, más cuando proviene de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que debería dar muestras de sensatez.
Lo dijo el Dr. Francisco Rosales cuando LA PRENSA publicó la semana pasada una serie de anomalías que ocurren con el presupuesto de la Corte. “Se trata de un terrorismo periodístico”, afirmó y ayer lo repitió.
Se ha vuelto común que los funcionarios hablen así de un medio de comunicación, porque tienden a culpar a los periodistas cada vez que trascienden acciones ilegales o indolencias de líderes políticos o servidores públicos.
Son “campañas”, es “insidia” como dijo el magistrado Rosales, pero de fondo se observa que hay desconcierto a medida que el periodismo cambia, dejando atrás la costumbre de sólo acusar y a veces con fuentes dudosas.
Entre más objetiva es la información, más dificultad tienen los políticos o funcionarios para rebatir las revelaciones de un periódico que ha investigado y aporta pruebas a los lectores, porque los afectados necesitan demostrar lo contrario también con pruebas.
Sin embargo, la primera reacción de los aludidos es el endurecimiento de los calificativos contra los periodistas. Si antes les decían mentirosos o tiñosos, ahora los acusan de terroristas.
Los cambios principales de LA PRENSA son fáciles de comprender. Se independiza de intereses partidarios y actúa con profesionalidad, investigando, consultando a distintos actores de un hecho y aportando pruebas.
Un medio con esas cualidades favorece a cualquier funcionario que procede con honestidad, porque antes que publique algo en su contra, el periodista lo buscará y él tendrá la posibilidad de botar con pruebas cualquier falsedad.
Pero si el funcionario pretende ocultar algo, es probable que denigre al periodismo investigativo y le cierre las puertas al reportero que lo busca para que aclare información o responda acusaciones.
Dos altos funcionarios se han negado este año a recibir a periodistas de LA PRENSA, cuando se les pidió aclarar información antes de publicarla. Primero Byron Jerez, ex director de Ingresos, y luego el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Plata, a quien se le hizo solicitudes verbales casi tres meses antes de la publicación, más una por escrito. Ninguna respondió.
El tuvo la oportunidad de aclarar la información, pero dice que no recibió ninguna solicitud de entrevista y ayer justificó que su departamento de relaciones públicas no le informó.
Supimos que cuando apareció la primera entrega de la investigación sobre los gastos desmedidos en la Corte, los magistrados se reunieron y algunos propusieron acusar a los periodistas de LA PRENSA por “usurpación de documentos”.
Esa reacción, más el calificativo de “terroristas” que nos aplicaron, nos hace pensar que los magistrados se quedaron sin los argumentos adecuados, sin precisar aún en qué utilizan 20 mil córdobas cada uno en gastos reservados, además de los 60 mil córdobas de salario mensual, mientras la justicia actúa lenta por falta de recursos económicos.
