Róger A. Cerda
Hace varios lustros vinieron expertos y académicos, sosteniendo que cierto grado de corrupción era bueno para el crecimiento económico. Ponían de ejemplo a los tigres asiáticos de los 60 y 70, especialmente a Corea del Sur. La percepción prevaleciente era que los sobornos ayudaban al inversionista a sortear barreras administrativas y a agilizar la labor de los burócratas, incentivándolos a trabajar. El fin, un Estado “facilitador”, justificaba el medio.
En 1997 Corea se derrumbó con todos los tigres durante la crisis que se inició y diseminó como epidemia a partir de Tailandia, ese mismo año. Ni Hong Kong ni Singapur se salvaron. El menos golpeado fue el más cerrado: Taiwan.
El mundo ha tomado desde entonces una visión mucho menos apacible de este fenómeno. Hoy la corrupción es una preocupación primordial, junto con las drogas, el terrorismo y el desempleo.
Esto lo recordó recientemente en Washington, D. C., el colega Paulo Mauro, economista italiano educado en Harvard y Oxford, actualmente consultor del Fondo Monetario Internacional.
Mauro estudió este fenómeno desde el punto de vista micro-económico y mediante estudios empíricos logró demostrar cuantitativamente, que la corrupción, más bien podría perjudicar seriamente una economía, desalentando la inversión, limitando el crecimiento y distorsionando el gasto público.
Mediante su método estableció que un país que logra reducir la corrupción y pulir su imagen ante el exterior, puede beneficiarse; por ejemplo, una nación que avanza un solo peldaño en una escala donde 0 representa la corrupción más completa y 10 la honestidad más inmaculada, podría aumentar su tasa de crecimiento económico en 0.25 por ciento del producto interno bruto.
En países que parten de un nivel de producción muy bajo, como Nicaragua, Haití u Honduras, esa ganancia podría multiplicarse por varias veces; la pobreza y el desempleo reinantes podrían reducirse considerablemente y elevar el nivel de vida de los ciudadanos.
Según Mauro, gran parte de la corrupción se debe al enorme poder económico concedido a políticos y burócratas. Igualmente, las restricciones injustificadas al comercio, los subsidios gubernamentales irracionales, las exoneraciones fiscales y aduaneras, los controles políticos de precios y los monopolios legales, públicos o privados, son fuentes potenciales de sobornos, fraudes y favoritismos.
Durante la década pasada, muchos países de América Latina recurrieron a políticas de liberalización, desregulación y privatización para mejorar sus economías, confiando en que así se limitarían las oportunidades de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y de empresarios privados cómplices.
Al final, las privatizaciones cayeron en el descrédito. La justicia de Argentina, Chile, Brasil, México y otros países, hoy tienen en el banquillo de los acusados a sus grandes paradigmas, “privatizadores” frenéticos, paladines del libre mercado, que se enriquecieron en dichos procesos.
América Latina es considerada por Mauro con niveles de corrupción más altos que el promedio mundial. El índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional en sobornos de Argentina, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Honduras, es peor que el de Nicaragua.
No obstante, Mauro advierte que los índices de corrupción tienen limitaciones debido a la naturaleza subjetiva de buena parte de la información empleada para prepararlos.
Por ejemplo, los índices no distinguen entre la corrupción al más alto nivel (un ministro de Defensa sobornado para decidir la compra de aviones) y la corrupción más común (un policía que acepta dinero para perdonar una infracción de tránsito).
Tampoco diferencian entre la “corrupción organizada” (donde los corruptos cumplen con lo que prometen) y la “corrupción caótica” (donde un soborno no garantiza la obtención de lo pedido).
Mauro encontró que la corrupción prevalece más en países donde existe inestabilidad política, barreras burocráticas y sistemas judiciales y legislativos débiles y dependientes.
La evidencia empírica indicó, por el contrario, que países con gobiernos democráticos, transparentes, reglas del juego claras y estables, libertad de prensa y sistemas educativos de buena calidad, tienen niveles más bajos de corrupción.
La conclusión de las investigaciones de Mauro es que si un país quiere acabar con la corrupción, no puede tomar medidas graduales, sino radicales y rápidas. Una de ellas es asegurar la transparencia fiscal, evitando las transferencias fuera de presupuesto y los mecanismos opacos de asignación presupuestaria. Hay que empezar ya.
* El autor es consultor económico y financiero.
