Francisco J. Matus Robleto
Todo está hecho o todo se ha consumado. Con estas frases se puede resumir la resolución dada a la prensa nacional, la noche del martes ocho de agosto del corriente, por los miembros del Consejo Supremo Electoral. Los que votando unitariamente decidieron inhibir al candidato del Partido Conservador de Nicaragua (Pedro Solórzano) a la Alcaldía de nuestra capital, Managua.
Aunque ya la noticia de esta resolución era esperada por los simpatizantes de la democracia y por el candidato mismo. Por el cúmulo de acciones que se habían entretejido para que ello ocurriera. Se esperó hasta el último instante que pudiera haber un cambio de actitud de dicho Consejo, después de las serias advertencias hechas por los países amigos de la democracia para Nicaragua, para que ello no se diera.
¡Pero qué va, lo pactado y ordenado debía cumplirse! Por ello vimos a través de nuestras pantallas de televisión, a unos magistrados sumisos, llenos de vergüenza por su actuación y preocupados por la reacción del pueblo a la resolución que habían dictado. Observamos al presidente del Consejo Supremo Electoral, sin la prepotencia habitual en sus manifestaciones, carente de grandilocuencia para dictar el fallo de su Cuerpo Colegiado y despojado de su careta jovial para levantar el dedo pulgar hacia arriba y su posterior inclinación hacia abajo, como “Comudus” para dictar la sentencia de muerte del adversario.
La reacción que provocó entre el poco público presente en el “Anfiteatro”, preparado para la comedia o para el circo; y entre los televidentes y radioescuchas que esperábamos la resolución, fue de vergüenza, rabia, odio y decepción, adjetivos todos que englobaban los sentimientos de un pueblo que clama por un cambio.
Vergüenza, por el descaro mostrado por los magistrados de un Consejo Electoral dócil y servil. Que ni uno solo de sus miembros tuvo el valor civil de contradecir las órdenes emanadas por sus amos, o por quienes los designaron como “inquisidores” de la democracia.
Rabia, por la cólera experimentada al ver la injusticia cometida por la resolución del Consejo Electoral al inhibir a un candidato y del pueblo mismo. Que quiere cambios en los hombres que gobiernan la cosa pública.
Odio, contra aquellos amorales que permitieron crear las condiciones para que el pueblo no pueda elegir el cambio. Modificando fronteras y leyes para que el candidato inhibido no pudiera ser adversario.
Decepción, por la falta de dignidad de funcionarios públicos, que se dicen ser probos y electos por el pueblo y que a la hora de decidir en beneficio de sus electores. Hacen abstracción de sus valores morales y éticos y se subliman a la “consigna” que le dan sus “jefes” de partido. Olvidándose del pueblo mismo, que busca un cambio a través de nuestra incipiente democracia.
* El autor es abogado y notario público.
