Emilio Alvarez M.
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia chilena que desaforó al ex dictador Pinochet es importante, no sólo porque sentó un precedente jurídico al encausar a un ex presidente de la República, sino porque acelera el proceso de liquidación de las secuelas que dejó la dictadura militar. De ellas, la más dolorosa y urgente ha sido la impunidad de los crímenes cometidos durante el gobierno del ahora senador vitalicio. Por otra parte, ese fallo ha servido de bálsamo a las heridas de los familiares de aquellos tres mil detenidos por la autoridad castrense y luego desaparecidos. Ha sido éste un insistente reclamo lleno de frustración que ha envenenado la escena política chilena. Y aunque el dictamen de la CSJ es solamente un antejuicio y no una sentencia condenatoria, lo sienta al menos en el banquillo de los acusados. Lo práctico de todo ello es que siendo largo el trámite legal que habrá de iniciarse pronto, distensiona el clima de confrontación en que habían caído los partidos mayoritarios.
No obstante, el remate de la transición se logrará hasta que se reforme la Constitución Política, que dejó “atada y bien atada”, el ex presidente al mejor estilo franquista y que fue luego aprobada en un referéndum aceptado eventualmente como legítimo. Lo que ha impedido hasta ahora esas correcciones es que la coalición de gobierno ha carecido de suficientes votos para eliminar a los “senadores institucionales” que impide al gobierno tener mayoría en el Senado. Una reestructuración parecida deberá hacerse con el Tribunal Constitucional y con la Comisión de Seguridad Nacional para que las aguas democráticas y cívicas vuelvan a su nivel. El otro hito ya cumplido es la llegada al poder de Ricardo Lagos del partido Socialista.
Otro detalle interesante del documento histórico de la CSJ es que es una pieza bien fundamentada jurídicamente recoge en su 50 páginas cumplidas respuestas a los alegatos de la defensa, a la cual aseguró, dicho sea de paso, un debido proceso de ley como lo prometió en Londres el ex Canciller, José Miguel Insulza, contribuyendo con su palabra empeñada a que el prisionero no fuera extraditado a España y resultase con la extraterritorialidad lesionada la soberanía nacional.
En ese contexto señalemos que por primera vez un tribunal latinoamericano cataloga al genocidio como un delito imprescriptible, sobre todo si se trata de prisioneros que habiendo sido capturados por el Ejército, jamás enseñó los cuerpos. Ahora que la Mesa del Diálogo recientemente instalada acordó el compromiso de cooperación de las mismas FF.AA. en la búsqueda y localización de los cadáveres de los encarcelados se espera que ello contribuya más a consolar aún más los parientes de las víctimas.
No obstante la opinión final sobre Augusto Pinochet Ugarte deberá incluir para ser balanceada, los actos positivos cumplidos durante su mandato. Nos referimos al gran impulso que dio al saneamiento de una economía destrozada por el Frente Popular y la inserción de Chile a la cabeza de la lista de países en América Latina de mayor ingreso. Una vez más tenemos que concluir que la historia sigue siendo el tribunal de última instancia para juzgar las actuaciones de los hombres públicos.
* Analista político.
