RAMIRO SACASA GURDIAN
La prohibición de la reelección inmediata en Nicaragua ha estado ligada a la lucha contra las dictaduras y su medida es un esfuerzo por limitar el abuso por los intereses personales de grupos que desean afianzarse en el poder.
Fue el mismo fundador del Partido Liberal Constitucionalista, Dr. Ramiro Sacasa Guerrero, quien con visión y patriotismo gestionó -en agosto de 1959- para que se restableciera en la Constitución la prohibición de la reelección presidencial y la sucesión de familiares, para proteger los derechos fundamentales del pueblo de la impunidad en el abuso y la arrogancia de los gobernantes. Dicha gestión fue infructuosa, debido a los pactos y las alianzas partidistas a espaldas del pueblo que permitieron la continuación de la dictadura hasta 1979.
Hoy el pueblo de Nicaragua no debe admitir por ningún concepto una constitución elitista acordada entre cúpulas de liberales y sandinistas. Como liberales no podemos y no debemos aceptar la modificación del texto fundamental para favorecer al presidente en funciones sea liberal, conservador o sandinista. Ello constituye una intromisión en el mismo corazón del constitucionalismo, cuya esencia es la defensa de la libertad, el derecho y la justicia individual, y por lo tanto la limitación misma del poder y la alternabilidad del Poder Ejecutivo.
La limitación del poder presidencial es uno de los elementos fundamentales para fortalecer a nuestra naciente democracia. Eso se ha implementado en otras naciones democráticas de América Latina, como México, donde la Constitución define categóricamente que “en ningún caso y por ningún motivo podrá el presidente volver a desempeñar su cargo”. En Venezuela se adoptó otra norma en la cual no se permite la reelección del presidente por un período de diez años. La reciente ola democratizadora ha preservado este principio contra la reelección presidencial como lo demuestran las constituciones de Chile, Colombia, Paraguay y Bolivia.
El pueblo debe ser gobernado por la autoridad de las leyes y no por la voluntad de los hombres que ostentan el poder. La experiencia de Brasil y Perú debería alertar el impacto desfavorable de la magnitud de la ambición reeleccionista. En Brasil, donde Fernando Cardoso tiene hoy día de acuerdo a las encuestas escasamente un 27% de aprobación y el pueblo brasileño se inclina por el péndulo del partido de la izquierda; y en Perú, donde Fujimori en su ambición de “caudillo” del poder está aislando a su país del capital internacional con graves consecuencias para el futuro del pueblo peruano.
Es fundamental proponer que el Consejo Supremo Electoral sea apartidario, para evitar la especulación de la participación genuina de los partidos políticos o la exclusión de candidatos en el proceso electoral. Los organismos electorales deben ser entidades profesionales, integradas por ciudadanos de fuentes diversas sin afiliación política partidista, seleccionados por un proceso abierto y no en función de los intereses de los partidos políticos dominantes. Esta es la experiencia reciente de México, que ratificó el cambio de la dictadura del PRI por la victoria del candidato de la oposición Vicente Fox, por medio de un consejo electoral independiente que permitió un proceso electoral transparente, sin intereses partidistas o excluyentes. El singular momento que vive Nicaragua nos debe de llamar a la reflexión sobre la necesidad y conveniencia de que una Constituyente llene los requisitos de la participación ciudadana, tanto en su proceso de elaboración como en su posterior ejecución. Negar esta realidad al pueblo y actuar en dirección contraria a la consulta popular, constituye implementar un poder de hecho y no de derecho.
Para el Presidente Alemán actuar de acuerdo con los principios liberales constitucionalistas no es una cuestión de deber, sino de adhesión a la supremacía de las leyes y de la filosofía y normas de una sociedad de hombres y mujeres libres. La intolerancia y el absolutismo aún causan amnesia en las alturas, cuando se padecen los síntomas del virus fatídico del poder. La realidad política del país reclama la alternabilidad del Poder Ejecutivo y una sociedad que afiance los límites del poder, de la tolerancia, la pluralidad y la convivencia nacional.
