El lunes 7 recién pasado, la Superintendencia de Bancos (SIB) intervino oficialmente el Banco Intercontinental S.A., conocido popularmente como Interbank. La decisión fue tomada después de que el viernes 4 de agosto, la Junta Directiva de dicho banco informó a la SIB que había encontrado cheques por varios millones de córdobas que algunos días antes fueron recibidos por el banco de parte de Agresami (empresa dedicada a la comercialización de café y perteneciente al grupo CONAGRA que presiden los hermanos Saúl y Alex Centeno Roque). Con esos cheques –que estaban sin fondos, según aseguró después el interventor delegado de la SIB, Lic. Guillermo Lugo– se cancelaron obligaciones de Agresami con Interbank, pero éstos después no fueron enviados al cobro como correspondía, sino que fueron retenidos y escondidos por funcionarios del banco aparentemente coludidos con Agrtesami. Una operación a todas luces incorrecta que ameritaba la inmediata intervención de la SIB.
El Presidente del Banco Central, Dr. Noel Ramírez Sánchez, aseguró el lunes que los depositantes no tienen nada que temer, porque el Banco Central les garantiza los depósitos que tienen en Interbank. Tal declaración de parte del Gobierno se ha convertido en una práctica usual en Nicaragua (sucedió antes con el BECA y posteriormente con BANCOSUR), y es tendiente a fortalecer la confianza del público en el sistema financiero. En Nicaragua no existe, como en otros países, un fondo oficial destinado a asegurar hasta cierto límite los depósitos de los cuentahabientes. Eso significa que el Estado ha decidido, sin ningún fundamento legal, responsabilizarse de los depósitos cuando una institución bancaria se encuentra en problemas financieros o en situación de quiebra. Debemos de tener claro que cuando el Gobierno dice que se responsabiliza del pago de una obligación, lo que en realidad está diciendo es que responsabiliza a todo el pueblo de dicho pago, puesto que el Estado, en última instancia, no tiene más fuente de ingresos que los tributos que paga la ciudadanía.
Aún en los países en los que existen fondos de garantía, ha habido casos en los que los problemas económicos de algunos bancos han sido de tal magnitud que han consumido por completo dichos fondos, teniendo luego el Estado que intervenir para salvar el sistema bancario. Pero eso lo han hecho ordenadamente y sin escándalos innecesarios. Nosotros creemos que la intervención de Interbank está plenamente justificada. Lo que nos parece inadecuado es el carácter de espectáculo público que el Gobierno le imprimió al problema con las declaraciones del Presidente Alemán y con la innecesaria e indebida presencia del Procurador General de la República en la conferencia de prensa del lunes, en la que se anunció oficialmente la intervención.
La Superintendencia de Bancos es la institución del Estado que tiene la responsabilidad de supervisar la sanidad y buena marcha del sistema financiero. Le corresponde por ello el manejo de las situaciones anómalas como la actual. Al Procurador le corresponden otras funciones. Es posible que su acción en algún momento sea necesaria, pero debe darse solamente cuando se haya comprobado que el Estado ha sido dañado por un tercero. En este caso no se ha determinado siquiera si las garantías existentes cubrirán o no las obligaciones de Agresami con Interbank. Por eso es que no deja de llamar la atención el activismo con que el Procurador General de la República, Dr. Julio Centeno Gómez, ha procedido en este caso. Su actitud contrasta con la indiferencia con la que actuó en el caso de los “checazos”, cuando declaró que el Estado no se sentía ofendido, a pesar de que hasta el día de hoy se desconoce el destino de varios millones de córdobas pertenecientes a éste.
El sistema financiero es algo muy delicado e importante para la economía de una nación, y por ello, quienes lo supervisan, deben de proceder con mucha prudencia y discreción en el manejo de los problemas que el sistema pueda enfrentar, a fin de evitar la posible complicación de los mismos. Demás está decir que tal prudencia y discreción no tienen por qué menoscabar la eficiencia y energía con la que debe proceder el organismo supervisor.
