El presidente del Partido Conservador de Nicaragua, Pedro Solórzano, dijo el sábado recién pasado que sólo por un milagro espera que le permitan participar en las elecciones de noviembre próximo, como candidato a la Alcaldía de Managua. Al parecer Solórzano usó la palabra milagro no en el significado estricto de “hecho sobrenatural debido al poder divino”, sino en su sentido figurado, como se suele decir cuando se alcanza una meta después de vencer enormes dificultades.
Pero nada de milagroso, ni siquiera en sentido figurado, debería tener el reconocimiento del derecho de Pedro Solórzano a ser candidato a alcalde del municipio donde nació, vive, trabaja y es concejal electo popularmente.
Curiosamente, otro candidato a la Alcaldía capitalina (el señor Herty Lewites, del FSLN), no ha tenido ninguna dificultad en que le reconozcan su candidatura a pesar que es jinotepino, puesto que ha fijado su residencia en Managua y por lo tanto nadie le puede negar su derecho de querer gobernar este municipio. Pero no deja de ser absurdo que Lewites, quien es un capitalino “hechizo” de reciente data, tenga derecho a ser candidato a alcalde de Managua, y que no lo tenga Pedro Solórzano, quien pertenece a una de las familias autóctonas de esta ciudad.
En realidad, por donde se vea, la conspiración gubernamental contra Solórzano es arbitraria y grotesca. Primero, en mayo del año pasado el Presidente Arnoldo Alemán propuso a Pedro Solórzano que fuera el candidato a alcalde de Managua por el gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Pero Solórzano rechazó la oferta presidencial y con el desaire provocó el resentimiento y la ira presidencial.
Después, en enero de este año la Asamblea Nacional incorporó a la reforma constitucional una enmienda en la que se estableció que para ser candidato a alcalde es necesario haber vivido los últimos dos años en el municipio correspondiente; enmienda que no fue discutida ni aprobada en el primer debate de la reforma, que tuvo lugar a fines del año pasado, de modo que carece de legitimidad y validez porque no se tramitó ni aprobó como lo exige el procedimiento de reforma constitucional.
Posteriormente, para poder aplicar la mencionada enmienda contra Pedro Solórzano, el gobierno reformó la Ley de División Política Administrativa y por medio del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), sacó del municipio de Managua la residencia de Pedro Solórzano –que está ubicada en el suburbio residencial capitalino de Monte Tabor– y la reubicó en el recientemente creado municipio de El Crucero. Tan bochornosa fue esta acción contra Solórzano que hasta mereció un sarcástico comentario de la conocida revista británica Times, que tiene una excelente reputación y circulación internacional.
Ahora la suerte de Pedro Solórzano, en tanto que candidato a alcalde de Managua, depende de la voluntad política de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, el cual, como se sabe, está integrado por tres magistrados del PLC y tres del FSLN, más uno, precisamente su presidente, que supuestamente es independiente y de algún modo representa la autoridad moral de la Iglesia Católica debido a sus estrechos vínculos con el Cardenal Miguel Obando Bravo.
Pero no sólo el magistrado presidente del CSE, Roberto Rivas Reyes, tiene con el caso de Solórzano la oportunidad de demostrar si efectivamente es independiente y si la ciudadanía puede confiar en él, o todo lo contrario. Ninguno de los magistrados del CSE está fatalmente obligado a inhibir a Solórzano con el pretexto de que eso es lo que manda la ley, que es injusta y dura pero es la ley. La verdad es que Pedro Solórzano es de Managua, y en todo caso la nueva Ley Electoral y la reforma constitucional no pueden tener carácter retroactivo.
Todos los magistrados del CSE, no sólo su presidente, pueden perfectamente votar contra la inhibición de Solórzano sin que eso signifique violar la ley. Aparte de que una ley injusta no puede obligar a las personas de bien a actuar contra los principios superiores del derecho, la justicia y la libertad.
