El presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) de México, José Woldenberg, vino a Nicaragua para dictar una conferencia magistral, el viernes recién pasado.
Durante su fugaz estadía en Nicaragua, el presidente del IFE dijo y repitió que el excelente sistema electoral que hay ahora en su país –el cual impresionó al mundo entero en ocasión de las recientes elecciones mexicanas, por su honestidad y transparencia–, no es un “modelo” para la exportación y aplicación en otros países.
Pero la verdad es que el nuevo “modelo” electoral mexicano sí es exportable. Y no sólo se podría sino que se debería aplicar en países que –como Nicaragua– tienen sistemas electorales atrasados, restrictivos, ventajistas a favor del partido que está en el poder y, peor aún, técnicamente fraudulentos.
Claro que tales países, como Nicaragua, podrían y deberían aprovechar el “modelo” electoral mexicano para celebrar elecciones verdaderamente libres y limpias e ingresar –políticamente por lo menos– al primer mundo, como ingresó México con sus ejemplares elecciones del mes de julio recién pasado.
En realidad, lo mejor que podría hacer Nicaragua es “importar” un modelo electoral como el mexicano, para que las elecciones aquí no sean organizadas por un cuerpo partidista y parcializado, sino por un instituto integrado con profesionales independientes de los partidos, personas idóneas seleccionadas mediante concurso y por sus méritos, no por sus filiaciones políticas. Nicaragua debería “importar” ese modelo mexicano de hacer elecciones, en el cual las juntas receptoras de votos estarían integradas por ciudadanos de cada lugar escogidos al azar y entrenados especialmente, en vez de por los apasionados miembros de los partidos políticos que controlan ahora el Poder Electoral. Y sería mucho mejor para nuestra incipiente democracia que los partidos políticos sólo necesitaran un 0.13% del padrón electoral para ser registrados legalmente, como en México, en vez del más de 10% que se necesita de hecho en Nicaragua por el procedimiento de verificación de firmas que multiplica por 4 el 3% establecido en la Ley Electoral. ¿O es que acaso los nicaragüenses no tienen derecho a la equidad y la honestidad electoral, ni a un sistema de gobierno decente, ni a los mecanismos apropiados para poder elegir gobernantes honrados?
La democracia se funda en principios universales –la libertad, la justicia y el derecho a buscar la felicidad–, o sea que no son originales ni exclusivos de ningún pueblo o nación sino que dimanan de la misma naturaleza humana. Y entre esos principios universales está el derecho de las personas a escoger a sus gobernantes en elecciones libres, equitativas, competitivas y honestas. De modo que un “modelo” electoral ejemplar como el de México, tiene que ser obligatoriamente compartido con otros pueblos que, como el de Nicaragua, mucho lo necesitan.
Como es bien sabido, el solo hecho de que se celebren elecciones no significa que haya democracia. Tal es, por ejemplo, el caso de Cuba o China comunista, donde hay elecciones frecuentes pero son países dominados por férreas dictaduras monopartidistas. Inclusive, muchos países con economía de mercado en los que también se celebran elecciones, no son genuinamente democráticos porque sus procesos electorales se basan en leyes y estructuras políticas partidistas, excluyentes y fraudulentas, como es ahora el caso de Nicaragua después del acuerdo libero-sandinista que partidarizó el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Votar no necesariamente significa practicar la democracia. Es cierto que sin sufragio no puede haber democracia, pero el voto por sí mismo no garantiza que funcione un sistema verdaderamente democrático. Esa es la lección magistral que vino a dar el presidente del Instituto Federal Electoral de México, pero sobre todo la que dieron pueblo y gobierno mexicanos con las recientes elecciones que ganó el ahora presidente electo, Vicente Fox.
De manera que el “modelo” electoral mexicano no sólo es exportable –aunque el señor Woldenberg por delicadeza protocolaria dijera lo contrario–, sino que es imperiosamente necesario que países como Nicaragua los adopten para que en realidad puedan imperar los principios universales de la democracia, la justicia y la libertad.
