- La pobreza sola no
es el único factor del
crecimiento y surgimiento de la criminalidad,
sino que los bastiones
tradicionales de control social como la familia
y la comunidad se han deteriorado gravemente
Sergio J. Cuarezma Terán
En el istmo centroamericano, la seguridad de los habitantes frente al delito es considerada una de las áreas más vulnerables que afectan la calidad de la vida de las personas y amenaza la sostenibilidad de los procesos de desarrollo de la subregión. Particularmente grave -en lo político- es el deterioro que se produce de los procesos de democratización, en razón de la imposibilidad de los sistemas de administración de justicia de resolver por sí solos un fenómeno cuya responsabilidad se les asigna, pero que excede en mucho a sus limitados ámbitos de acción.
El problema cobra particular interés en la región centroamericana, por la ya señalada incidencia de que el deterioro de la seguridad tiene sobre los procesos de democratización y desarrollo, y porque en esta subregión, en razón del gravísimo deterioro social que ha habido en la región durante toda la llamada década perdida” de los años 80, se verifica un incremento notable de algunas figuras de delitos contra la propiedad y contra las personas. Por otra parte, los niveles de violencia que en algunos casos se presentan en la comisión del delito, tendrían relación con la cultura de la violencia generada por muchos años de dictaduras militares y guerras, y con la proliferación de armas en manos de particulares generada a lo largo de dicho proceso; no siendo ajena, tampoco, la transculturización de la violencia proveniente de otras latitudes, transmitidas insistentemente por los medios de comunicación de masa.
En un reciente reportaje de la revista Newsweek en español se expresa que la región latinoamericana tiene más delitos violentos que cualquier otra, y una tasa de homicidios cuatro veces mayor que la de EE.UU. El Salvador ha superado a Colombia como el país donde más homicidios ocurren, con una tasa de 140 por 100.000 frente a la de EE.UU. que es de 7.4. La tasa de asesinatos en Guatemala es cercana a la de El Salvador, los asaltos en las carreteras están en auge y un inefectivo sistema de justicia penal ha provocado la aparición de linchamientos por venganza, a pesar de que dicho sistema ha sido “reformado” en los últimos años.
En Brasil cerca de la cuarta parte de los brasileños han sido asaltados, y la tasa de homicidios en Río Janeiro es cinco veces más alta que la de Nueva York. En Colombia el secuestro se ha duplicado desde 1995, hubo más de 2.000 en 1997. En México el floreciente negocio de la droga ha fomentado un aumento en el secuestro y los delitos violentos. Los secuestros han aumentado de 150, en 1993, a 580 en 1997.
En marzo de 1998, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llamó al delito con violencia “la principal barrera para el desarrollo económico regional”. Los costes sociales y políticos pueden ser mayores si tomamos en cuenta que las administraciones de justicia de la región a la hora de aplicar la ley son demasiado débiles, selectivas o vulnerables a intereses extraños y a la corrupción, lo cual hace que los latinoamericanos no denuncien el delito, se estén defendiendo solos, protegiéndose tras murallas cada vez más altas, formando comités vecinales de vigilancia o tomando la ley, a menudo letalmente, en sus manos.
La pobreza sola no es el único factor del crecimiento y surgimiento de la criminalidad, sino que los bastiones tradicionales de control social como la familia y la comunidad se han deteriorado gravemente. Las expectativas también se han esfumado, especialmente entre los emigrantes que se mudaron a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. esa frustración se ve magnificada por el hecho de que los pobres viven al lado de muestras de riqueza fantástica, como lo manifiesta el Newsweek.
El autor es Catedrático de Derecho Penal y Criminología.
