- Existen mecanismos supuestos a “meter en cintura” a los
gobernantes si sus actos
dejan que desear, pero son
letra muerta a la hora de
ponerlos en práctica
Juan Aburto
Más allá de cualquier efecto secundario que pueda resultar del retiro de la ayuda de la Comunidad Europea, entre los cuales se encuentra el mensaje mismo de reprobación al Gobierno nicaragüense, además de la revisión que pueda estarse dando en la misma Comunidad de los resultados que ha obtenido con el uso de su dinero en otros rubros, el retiro o reducción de esta ayuda puede interpretarse como un fuerte llamado de atención a la sociedad civil nicaragüense, que ha sido incapaz de elaborar y aplicar los apropiados mecanismos de control y sanción de la administración pública.
Las observaciones de los representantes de distintos organismos de cooperación internacional (es claro que “quien paga la música elige la pieza”), que el Gobierno tildó de “injerencia en los asuntos internos”, evidencian que en el extranjero no están contentos con el rumbo que ha tomado la política interna (lo mismo que la administración pública), generosamente financiada con dinero internacional y cuidadosamente disfrazada de “legalidad”.
La suspensión de la ayuda a la reconstrucción, tanto o más grave como pudiera ser la negación del “waiver” estadounidense, supone un “tirón de orejas” a la sociedad civil por no asumir una posición más beligerante en el escrutinio de los asuntos de Gobierno (el cual, según la concepción “clásica” del poder en Nicaragua es “representativo”: una cantidad de personas cuentan con poderes omnímodos, antes por la razón de la fuerza, ahora por el visto bueno ciudadano de una elección supuestamente “democrática”) que dispone de los recursos públicos prácticamente sin dar cuenta a nadie de sus actos ni del destino de estos recursos.
En la legislación nicaragüense hay mecanismos supuestos a “meter en cintura” a los gobernantes si sus actos dejan que desear, pero han probado ser letra muerta, papel mojado a la hora de ponerlos en práctica: las resoluciones de la Contraloría y de los tribunales quedan en nada; los juicios solamente sirven para “certificar” la inocencia de quien le toca turno ocupar el banquillo, etc. Total, oficialmente la administración pública nicaragüense es de una honestidad y transparencia a toda prueba, imposible de encontrar en ninguna otra parte del mundo, aunque los indicios e indicadores internos e internacionales digan exactamente lo contrario.
¿Cómo se justifican los astronómicos salarios de los jerarcas públicos, en un país tan pobre y falto de soluciones y respuestas? ¿Qué explicación tienen los enormes gastos oficiales en multitudinarias y continuadas comitivas al extranjero? ¿Qué vamos a hacer a Tailandia? En fin, ¿qué se hacen los enormes recursos financieros que se mueven en el sector público nicaragüense? ¿Lo sabremos algún día?
El punto bueno de la advertencia sobre el posible retiro de la ayuda es que se puede entender como que la comunidad internacional está dispuesta a apoyar con todos sus recursos a un movimiento cívico que decida luchar con dignidad por la definitiva y permanente instauración de gobiernos verdaderamente honestos, transparentes y preocupados sinceramente por los intereses nacionales. ¿Quiénes están dispuesto a asumir el reto?
El autor es periodista.
