- La Asamblea Constituyente
estableció una dudosa y confusa
etapa de transición entre el viejo
régimen y el que ha
pretendido crear
Carlos Sabino
CARACAS (AIPE).— El ambiente preelectoral en Venezuela no exhibe hoy ni la algarabía ni el entusiasmo popular a los que aquí estamos acostumbrados. El país está saturado de elecciones, saturado de política, en realidad, y una apatía que cada vez más se parece a la desesperanza, domina las actitudes de amplios sectores de la población. Venezuela está como detenida en el tiempo, con una economía prácticamente paralizada a pesar de los altos precios del petróleo y una situación política e institucional compleja, de la que no parece fácil salir.
Después de cinco elecciones en año y medio, a las que hay que sumar el abortado proceso que terminó en mayo con la postergación de los comicios, es natural y comprensible que la gente quiera pensar en otros temas, en especial sobre aquéllos que tienen directa relación con la angustiante marcha de la economía. Pero las próximas elecciones son de algún modo imprescindibles, aunque pocos tengan ganas de participar en ellas, porque es a través de una relegitimación general de autoridades que —se nos dice— podremos volver a la institucionalidad perdida.
Esto ocurre porque la Asamblea Constituyente que funcionó hasta enero estableció una dudosa y confusa etapa de transición entre el viejo régimen y el que ha pretendido crear. Basándose en principios jurídicos poco ortodoxos, por decir lo menos, la Asamblea destituyó de una vez a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso, al Fiscal General y al Contralor de la República —lo mismo que a cientos de jueces— y procedió a nombrar en su lugar, por sí y ante sí, nuevas autoridades para cada una de estas instancias. Dentro de esa misma lógica, aunque sin pedirles la renuncia, la Asamblea determinó que tanto el Presidente como los Gobernadores y los Alcaldes tenían que relegitimarse en un plazo perentorio, para ser elegidos o reelegidos de acuerdo a lo que norma la nueva Constitución.
Nos encontramos así en una situación paradójica: si asumimos la lógica de la Constituyente tendremos que aceptar que ni el Presidente Chávez ni los miembros de los otros poderes tienen hoy verdadera legitimidad; si, por el contrario, recusamos las peregrinas ideas jurídicas de esos señores, tendremos que concluir que se ha dado un golpe de Estado que apenas sí cubrió un poco las apariencias, y que el país entero está gobernado por un caudillo que no respeta ninguna institución.
Las elecciones, en este contexto, serían la verdadera solución universal que nos sacaría entonces de la precariedad jurídica actual. Pero, tal como están las cosas, es muy poco probable que resulten la panacea que se nos quiere vender a la ciudadanía. Fallas políticas y técnicas de importancia hicieron que Chávez, o más exactamente el Tribunal Supremo de Justicia que nombraron sus seguidores, tuviera que suspenderlas a fines del mes de mayo.
Ahora, con nuevas autoridades electorales, subsisten las dudas que la mayoría de la gente tiene en un proceso que se puede caracterizar con muchos adjetivos, pero nunca como limpio y transparente.
Y, para complicar las cosas, las encuestas apuntan a un posible resultado que en nada contribuirá a aclarar la verdadera crisis política que vivimos. Lo más probable es que la elevada abstención y el desencanto reinante golpeen menos a Chávez que a sus oponentes, reeligiéndolo, aunque no abrumadoramente, en su cargo de Presidente. Los mismos factores, pero operando en el plano regional, darían por resultado que se confirmasen en sus cargos varios de los gobernadores actuales, adversos al chavismo. La fragmentación de las fuerzas que apoyaron a Chávez el último año haría que éste sólo pudiese conseguir el apoyo de unos pocos gobernadores —entre 6 y 10, de un total de 23— y contribuirían a conformar una futura Asamblea Nacional muy dividida, donde el Presidente apenas sí podría alcanzar la mayoría.
El panorama, por lo tanto, está muy lejos de comenzar a despejarse. Mientras tanto el país, expectante y cada vez más frustrado, continúa sin encontrar la estabilidad institucional que tanto necesita.
El autor es corresponsal de la agencia de prensa AIPE. ©
