Por obra y gracia de la política del Presidente Arnoldo Alemán y del pacto libero-sandinista, permitir o impedir la participación de Pedro Solórzano en las elecciones municipales del 5 de noviembre, como candidato del Partido Conservador para ocupar la Alcaldía de Managua en el período 2001-2005, se ha constituido en la prueba más importante de la equidad, transparencia y legitimidad del actual proceso electoral municipal.
En las elecciones de 1996, Pedro Solórzano fue candidato a alcalde de Managua por una asociación electoral no partidista y era el favorito de la mayoría de los capitalinos. Sin embargo, la polarización de la contienda por el temor a que los sandinistas regresaran al poder, arrastró la mayoría de los votos a la casilla del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Después, a partir de que en mayo del año pasado rehusó una invitación personal del Presidente Arnoldo Alemán para ser el candidato a la Alcaldía de Managua por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Solórzano se convirtió en una obsesión para el titular del Ejecutivo, quien no ha descansado en la búsqueda de formas legales o arbitrarias para inhibir al popular candidato conservador.
El Presidente Alemán inclusive ha menoscabado su propia investidura de Jefe de Estado al proclamar públicamente su voluntad —y su capricho— de inhibir como sea a Pedro Solórzano. El colmo fue que hasta hizo modificar los límites municipales de Managua para dejar fuera la residencia de Solórzano, y con tal de conseguir su arbitrario propósito político arruinó el prestigio personal y profesional del funcionario encargado del Instituto de Estudios Territoriales.
Pero, ¿por qué ese empeño enconado en impedir que Pedro Solórzano sea candidato a ejercer por elección popular la Alcaldía de Managua?
El problema, para el Presidente Alemán, es que Solórzano es no sólo candidato opositor sino también ganador, tal como lo han demostrado todas las encuestas. De manera que si Pedro Solórzano participa como candidato en las elecciones de noviembre, derrotaría tanto al candidato del PLC, Wilfredo Navarro, como al del FSLN, Herty Lewites.
Por otro lado, tal como pintan las cosas, Pedro Solórzano parece ser el único candidato que podría impedir el triunfo del FSLN en Managua. Entonces, lo razonable sería que el Presidente Alemán —quien se presenta a sí mismo como una persona democrática— no conspirara contra la candidatura de Pedro Solórzano, porque éste representa la única posibilidad de que la Alcaldía de Managua sea gobernada por un alcalde solventemente democrático. Pero está visto que la política del Presidente Alemán se sale de lo racional y prefiere pactar con el FSLN y facilitarle el regreso al poder, con tal de hacer su capricho y satisfacer sus propósitos particulares.
Sin embargo, el derecho de Pedro Solórzano a ser candidato a la Alcaldía de Managua se debe respetar no sólo por impedir que los sandinistas regresen al poder. Es que impedir la candidatura de Solórzano, así como inhibir a José Antonio Alvarado y descalificar a los otros partidos políticos que querían participar en las elecciones municipales, son arbitrariedades que no deberían tener cabida en un país democrático La suerte de la democracia no debe depender de voluntades políticas arbitrarias, caprichosas y personalistas, aunque sean del Presidente de la República.
Ahora bien, en el caso de la candidatura de Pedro Solórzano, quien tiene la decisión en sus manos es el magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, Dr. Roberto Rivas Reyes. La responsabilidad de reivindicar la confianza pública en las elecciones y la dignidad del Consejo Supremo Electoral recae en el magistrado presidente Roberto Rivas Reyes, porque él es el fiel de la balanza entre los tres magistrados del PLC y los otros tres del FSLN, y por lo tanto su voto es el que decide.
Cuando Roberto Rivas Reyes fue nombrado por la Asamblea Nacional como miembro del Consejo Supremo Electoral, en virtud de su cercanía con el Cardenal Miguel Obando Bravo la ciudadanía tuvo la esperanza de que este nuevo magistrado sería el bastión de integridad y la conciencia moral del Poder Electoral. Ahora tiene la oportunidad de confirmar que aquellas expectativas eran fundadas, o hacer que también con él naufraguen las esperanzas. El magistrado Roberto Rivas tiene la palabra.
