En Nicaragua la ley exige la participación de abogados y notarios en numerosos e importantes actos de la vida diaria. Así, deben participar en calidad de Ministros de Fe Pública, en diversos contratos y actos jurídicos, en los cuales dan fe de los hechos y autentificar las firmas de los participantes.
Sin embargo, a pesar que fue el mismo Consejo Supremo Electoral el que así lo instruyó en cumplimiento de la Ley, ahora ha puesto en tela de juicio la capacidad y la idoneidad de los abogados, para atestiguar como notarios la realidad y autenticidad de las firmas que deben y han presentado los partidos políticos ante el Consejo; al resolver unilateralmente que miles de firmas son nulas, sin la más elemental investigación.
Esto no sólo está afectando e infiriendo agravio a todos los abogados-notarios que autenticaron las firmas en dignidad, sino que ha colocado en riesgo el andamiaje jurídico sobre el que descansa nuestra convivencia legal.
El tema y la imputación de falsedad que se hace merece el análisis e intervención del Colegio y Asociación de Abogados en defensa de la ley y de la dignidad de la profesión.
FRANCISCO TOLEDO S.
Conservador.
