“Gringos caitudos”

Debo decir que la expresión “gringos caitudos” nunca me ha gustado. La considero grosera e injusta. Se refiere a los compatriotas que habiendo tenido que salir del manicomio que era Nicaragua durante la década sandinista, se fueron a vivir a los Estados Unidos y adoptaron la ciudadanía de ese país. Ellos —en su vasta mayoría— son gente buena y honesta que trabajan muy duro para ganarse la vida. Y algo más, contribuyen a mantener a flote la economía de Nicaragua con los casi 500 millones de dólares que anualmente envían a sus familiares que residen aquí. Sin esas remesas nuestra situación económica sería mucho peor de lo que es. Igual sucede en El Salvador, con la gran diferencia de que en la capital salvadoreña levantaron un agradecido monumento dedicado “Al hermano lejano”.

Podemos afirmar que el dinero que remesan nuestros compatriotas es la ayuda que más ayuda, ya que —aparte de la comisión que cobra la agencia de envíos— éste pasa íntegro y directo de las manos de quienes lo producen a las manos de los beneficiarios escogidos por aquéllos. A diferencia de cualquier otro tipo de ayuda, no existen intermediarios de ninguna especie —ni gobiernos, ni ONG, ni consultores extranjeros— que con frecuencia se quedan con la mayor parte de ella.

Quienes asumieron la nacionalidad estadounidense o la de cualquier otro país no han cometido ningún delito. Nuestra Constitución Política siempre les ha mantenido abiertas las puertas de la patria. La Constitución actual incluso, tal como quedara redactada después del pacto libero-sandinista, hasta les concede —erróneamente, a mi juicio— la posibilidad de ser candidatos a la Presidencia de la República. Pero aparte de esa exageración, no hay razón alguna para que esos hermanos no reciban el trato cordial, igualitario y deferente que se merecen como nicaragüenses que son.

Tampoco existe razón valedera para que el Presidente Alemán, ni nadie, se moleste porque esas personas se apoyen en las autoridades y en las leyes del país en el que viven para reclamar los bienes que tienen en Nicaragua. ¿O es que acaso se pretende que renuncien a sus propiedades en beneficio de los amigos de lo ajeno que las usurparon? Si en nuestro país imperara la ley, y las sentencias judiciales se ejecutaran debida y oportunamente, ellos no tendrían que recurrir a autoridades foráneas. Quienes así lo hacen no tienen alternativa: o las usan para recuperar lo que les es propio, o se resignan a perderlo todo. Quiero dejar bien claro que estoy abogando sólo por aquéllos que reclaman lo que les pertenece en buena ley, y no por algunos inescrupulosos que quieren valerse de su status de ciudadanos norteamericanos para reclamar lo mal habido.

También resulta penoso ver que el Gobierno nicaragüense le da prioridad a los reclamos de los extranjeros y de los nicaragüense-estadounidenses sobre los de aquellos compatriotas que, por no haber obtenido otra nacionalidad, no tienen a quién recurrir en busca de ayuda. Lo correcto sería que toda demanda se resolviera conforme a derecho exclusivamente, sin que importara para nada la nacionalidad del reclamante.

Estoy consciente del fenomenal problema que creó el sandinismo con su manoseo y atropello a la propiedad privada. Eso le ha costado al país miles de millones de dólares, y le seguirá costando mucho más mientras no se resuelva por completo. Algo se ha avanzado en su solución, pero no creo que la eliminación del “waiver” que propusieron al Congreso estadounidense los congresistas Benjamín Gilman y Dan Burton contribuya a la solución del mismo. (La ley estadounidense prohíbe el otorgamiento de ayuda económica a países que han confiscado bienes a ciudadanos norteamericanos. El “waiver” es una facultad extraordinaria que tiene el Presidente para continuar otorgando la ayuda, siempre y cuando él juzgue que se está avanzando en la reparación del daño causado por la confiscación). El costo de la solución no debe recaer sobre el pueblo nicaragüense en general, sino sobre el beneficiario usurpador.

Afortunadamente, veo muy improbable que el Congreso de Estados Unidos apruebe la propuesta hecha por los congresistas mencionados, y, en todo caso, hago votos para que sea rechazada. Pero también creo que debemos convencernos de que no puede haber desarrollo real y sostenido para todos —independientemente del monto de asistencia económica externa que se reciba— si no existen derechos de propiedad claramente definidos y celosamente protegidos. Sólo los países que los tienen y los defienden han dejado de ser pobres. Los que no, pertenecemos al desgraciado y paupérrimo Tercer Mundo, y a él continuaremos perteneciendo indefinidamente si no cambiamos. Decidámonos.

El autor es miembro del Consejo

Editorial de LA PRENSA.