- Sin embargo, no establece presunciones civiles ni penales
- Resolución fue impugnada por dos contralores: Agustín Jarquín y José Pasos Marciaq
ARQUÍMEDES GONZALEZ
La Contraloría General de la República, con tres votos a favor y dos votos “razonados”, estableció sanciones administrativas en contra del Director General de Ingresos, Byron Jerez y del ex Director de la empresa Petróleos de Nicaragua (PETRONIC), Jorge Solís, actual Presidente de la empresa estatal de telecomunicaciones, en el sonado caso de los “checazos”, y por ende, solicitó la destitución de ambos funcionarios de sus cargos.
Sin embargo, no establecieron presunciones civiles ni penales en su contra, por tanto, la Contraloría se abstiene de remitir el caso a los juzgados locales por no encontrar “evidencias irrefutables” de delitos, posición que fue severamente cuestionada por Agustín Jarquín, uno de los contralores colegiados que objetó el alcance de la investigación.
No obstante, el Presidente del órgano fiscalizador, Guillermo Argüello Poessy, señaló que cualquier ciudadano –en carácter particular—puede abrir un juicio en contra de los funcionarios aludidos, así como un juez por iniciativa propia.
ATOL CON EL DEDO
Argüello Poessy, en tanto, dijo que la decisión de remover de sus cargos a ambos funcionarios públicos, fue tomada por “la gravedad y reiteración” de irregularidades cometidas en la emisión de 14 cheques y en compras en el exterior a empresas que no son reconocidas ni inscritas como proveedoras del Estado.
Los miembros del Consejo acordaron el “cese y separación de sus cargos” y “sanciones disciplinarias máximas” para Jerez, Solís y Nevardo Argüello, actual Director de PETRONIC, por haberse negado a dar información a los auditores de la Contraloría para esclarecer las investigaciones.
Argüello Poessy dijo que también establecieron “responsabilidad administrativa” para Jerez, Solís, Carlos Sánchez Marín, ex Contador general de la institución; Jesús Martínez Alemán, ex Director administrativo financiero de la DGI y, varios funcionarios más involucrados en el caso.
Pero, afirmó que “no hay evidencias de que se competió ningún hecho delictivo” por lo que el caso no será enviado a los tribunales.
Argüello Poessy llamó al Ministro de Hacienda y Crédito, Esteban Duque Estrada, a “no utilizar” las notas de crédito, sistema usado por la DGI para la compra de bienes y servicios.
El Contralor José Pasos Marciaq, en un “voto razonado”, estimó que el caso debe “quedar abierto” por las limitaciones sufridas al momento de indagaciones de los casos, ya que hubo reiterada obstaculización a la información por parte de la casa de cambios Multicambios, S.A. y el Banco de la Producción (BANPRO), entre otros.
El Miembro del Consejo, Agustín Jarquín, aseguró que hubo “obstaculización y entorpecimiento” del trabajo realizado por los auditores de la Contraloría por “funcionarios de alto rango”, por lo que al final “no se logró clarificar el destino del dinero”, especialmente del cheque No. 479, por más de C$ 2 millones de córdobas.
Para Jarquín, la investigación debe enviarse a las instancias judiciales porque aparentemente “existe presunción de responsabilidad penal” de parte de los funcionarios señalados. Jarquín cree que existe “relación vinculante” entre Jerez y varias empresas que suplieron de bienes a la DGI.
Sin embargo Argüello Poessy afirmó que “no existe ninguna evidencia o indicio irrefutable” que lleve a tal afirmación, por tanto, no pueden remitir el caso a los juzgados.
Actualmente no está estipulado en la legislación los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. El Código Penal vigente tiene casi un siglo de existencia y aunque el proyecto de reforma del Código Penal incluye estos delitos, no ha sido aprobado por a Asamblea Nacional y en consecuencia no se puede aplicar.
