HUMBERTO MEZA
La tregua entre la directiva del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el ex ministro José Antonio Alvarado, duró poco.
En menos de 24 horas, el Comité Ejecutivo Nacional del partido rechazó una certificación del Departamento de Estado norteamericano, que diez días antes le había solicitado a Alvarado, como prueba de la renuncia a la nacionalidad estadounidense.
A finales de mayo, los miembros del CEN solicitaron a Alvarado que presentara al partido una certificación del Departamento de Estado, que demuestre la fecha exacta de su renuncia a la nacionalidad norteamericana.
En respuesta, el directivo liberal presentó ayer, durante un improvisado desayuno del CEN, una certificación extendida el 12 de septiembre de 1994 y aprobada en febrero de 1995, suscrita por la cónsul general Kathleen M. Daly; en la que se demuestra la efectiva renuncia de Alvarado a la nacionalidad norteamericana.
“Si yo presentara oficialmente mi candidatura, el artículo 147 de la Constitución ni siquiera me obliga a presentar este documento. La ley es clara al decir que sólo debo expresar mi renuncia cuatro años antes de las elecciones, pero ocurre que a (René) Herrera se le acaban los argumentos y como por arte de magia apareció con una nueva petición”, indicó Alvarado.
Durante la segunda semana de mayo, el Ministro de Gobernación, René Herrera, anunció la nulidad de la resolución 006-90 (mediante la cual Alvarado recuperó la nacionalidad nicaragüense), argumentando una serie de vicios, entre ellos la incoherencia de fechas en que fue expedida la resolución y el sello del documento.
Según fuentes liberales, Alvarado aprovechó la reunión del CEN del PLC, para hacer rodar sobre la mesa la certificación norteamericana, hasta que los directivos Noel Ramírez y Luis Benavides le pidieron más tiempo para analizarlo.
“Lo que pasa es que éste no es un documento que inspira credibilidad”, afirmó Benavides, fiscal nacional del PLC.
“El asunto está en que él dice que renunció a la nacionalidad de Estados Unidos en 1990. Pues bien, para los efectos legales y evitar una posible inhibición en su contra, le pedimos un documento que debe estar certificado por el Condado de Dade, Cancillería nicaragüense y traducido al español donde diga la fecha exacta de su recuperación de nacionalidad. Ese no dice lo que esperamos”, concluyó.
