- Procesado por abigeato en 1990, pero fue sobreseído
TATIANA ROTHSCHUH A.
El nombramiento de un jefe policial que hace diez años estuvo acusado de abigeo ha causado revuelo entre los ganaderos de Chontales, quienes no sólo se quejan de los antecedentes del nuevo Jefe Departamental de la Policía, sino porque consideran que las medidas que ha adoptado para combatir el delito por el que se le procesó son demasiado fuertes y rígidas.
El Comisionado Guillermo Vallecillo Ruiz enfrentó en 1990 un proceso por abigeato del que salió con “sobreseimiento parcial y provisional”, según un expediente de Auditoría Militar que LA PRENSA tiene en su poder.
Y aunque la sentencia ya prescribió y la ley aparentemente no tiene más que decir en este caso, el regreso de Vallecillo ha despertado inconformidad entre los ganaderos en un departamento donde decir “abigeato” es igual a mencionar al diablo en un convento.
Todo comenzó el 4 de noviembre de 1990, cuando la carretera Managua-Rama fue tomada por desmovilizados de la Resistencia y políticos de la UNO en lo que se conoció como “La Asonada de los Alcaldes”, cuya demanda fundamental era que el entonces jefe del Ejército, Humberto Ortega, fuera retirado del cargo.
En el retén que los alcaldes habían puesto en Lóvago, diez camiones que trasladaban 133 cabezas de ganado fueron detenidos y al no encontrar la documentación que respaldara la propiedad de las reses, los manifestantes procedieron a bajarlas y mantenerlas en la barrera de Acoyapa.
En el traslado y compra de ganado aparecieron involucrados el entonces subcomandante Guillermo Vallecillo, el inspector Nacional de la Policía Nacional, José Reyes Lara, y los civiles Javier Vallecillo Valdez, Roberto Guzmán, Francisco Guzmán y otro civil ya fallecido.
El hecho de que dos jefes policiales aparecieran en esa transacción abortada fue objeto de denuncia en los medios de comunicación y obligó al en ese entonces delegado de Gobernación en la V Región, Comandante Fernando Caldera, instruir el caso y remitirlo a Auditoría Militar, pues el ganado presuntamente era robado y aparecían como afectados Pablo José Espino, Alfonso Aguilar Ortega y Anselmo Orozco Bravo.
El comisionado Vallecillo Ruíz, según el expediente 44-90 de Auditoría Militar en la Quinta Región fue procesado junto al resto de involucrados por ese delito cuando en ese entonces tenía el grado de subcomandante.
En el proceso, los involucrados coincidieron en que por la toma de la carretera, no pudieron legalizar la transacción en la alcaldía de Acoyapa y al intentar realizarla en Juigalpa, fueron detenidos en el retén de Lóvago.
La instancia militar ordenó la captura de los involucrados y en su fallo, el Tribunal de Primera Instancia de la Auditoria Militar de la V Región resolvió “ha lugar a sobreseer de manera parcial y provisional al indiciado Guillermo de Jesús Vallecillo”, ordenando la libertad el dos de enero de 1991 y posteriormente fue ratificada la resolución en Apelación el 14 de junio de 1991.
VALLECILLO
REGRESÓ DURO
El Comisionado Guillermo Vallecillo Ruiz, fue nombrado en la jefatura departamental de la Policía a partir del pasado dos de febrero y en el ejercicio de su autoridad ha generado descontento entre sectores productivos y del comercio que aducen la exigencia de “requisitos exagerados” o “arbitrarios”.
Una de las primeras acciones de Vallecillo fue revisar la situación legal de 518 negocios.
Ahora el malestar entre productores, algunos dueños de bares y restaurantes, matarifes, a quienes el nuevo jefe de policía exige cumplir con todos los requisitos que establece la ley contra el abigeato, ley de policía y hasta las ordenanzas internas, fue incluso, expuesto en una reciente asamblea, donde estuvo presente el vicepresidente de la República, Enrique Bolaños y el Ministro de Fomento Industria y Comercio, Norman Caldera, entre otros.
Los ganaderos son los que más resienten las medidas orientadas por el jefe policial. El productor Marcos Téllez, considera una “arbitrariedad” el cobro de 4.08 córdobas por res que va en arreo o trasladada en camión y otra exigencia es los dos últimos contrafierros del ganado “eso es imposible porque uno compra con el último contrafierro”, indicó.
Téllez reconoce que “la ley está vigente, pero no se ha aplicado porque tienen sus contradicciones. No nos oponemos a que esta ley se dé dentro de dos años, para entonces estaríamos entendidos que quien compre tiene que rendir de acuerdo a esas exigencias”.
El ganadero explicó que después que el jefe de policía orientó que quien no cumpliera con los requisitos de ley caía preso, se generó temor entre los productores que, incluso, atrasaron la entrega de ganado a los mataderos.
Téllez dice que junto a otros productores han insistido en hablar con el nuevo jefe de Policía pero ha resultado infructuoso. “Hemos tenido que brincar por las cosas que empezó a hacer y en vista que los productores se resistieron al pago de los 4.08 córdobas, sólo se va cobrar la salida del departamento”, apuntó Téllez.
Rhina Cruz, Presidenta de la Cámara de Comercio en Chontales, manifestó que producto de la recesión económica y los problemas que actualmente están afectando a los productores por el precio de la leche y otros, ahora se suma la queja de los ganaderos que ven “exagerados los requisitos que viene pidiendo el nuevo jefe de policía, incluso hablan de pagos extraoficiales”, apuntó.
Cruz refirió que aunque la Cámara de Comercio no tiene una denuncia concreta, las medidas policiales son “un elemento de perturbación e inestabilidad que nos preocupa enormemente”.
Para la dirigente de la Cámara, al haber sido procesado el nuevo jefe de policía por abigeato “no es recomendable haberlo nombrado en una zona ganadera”.
Uno de los polémicos casos de cierre de negocios es el de Alejandro Sequeira Meza, quien acusa a Vallecillo de haberle cerrado cuatro negocios: El Salto, Sacuanjoche, Conchas Negras y Miscelánea El Novillo.
“Es cierto que hace cuatro años tuve una discusión ‘eufórica’ con mi esposa y por eso Vallecillo dice que tengo antecedente penales y que no puedo tener negocios de licor, ni juegos de azahar”, sostiene. Añade que a su esposa le cerró, a la vez, el Bar Norma”.
Entre los lugares que el jefe de Policía obligó al cierre por haberse vencido el permiso desde 1995 se encuentra el negocio de venta de armas El Cazador S.A. que al momento del cierre era propiedad de una sociedad integrada por jefes policiales, del Ejército y civiles.
El Gerente General del Cazador, Denis Gómez confirmó el cierre del negocio porque tenían vencido el permiso y están renovándolo, pero según él, este tipo de negocios es competencia de Seguridad Pública Nacional.
Explicó que precisamente han disuelto la sociedad. “Almacén El Cazador S.A.” es ahora integrada por civiles”, aseguró.
