Excluidas se encuentran las alcaldías del país que no podrán licitar, comparar ni seleccionar a las empresas constructoras y menos manejar los millones contemplados para la ejecución del programa Calles para el Pueblo.
Ortega
Lo inconstitucional es la obligatoriedad
Los periodistas oficialistas u orteguistas nos acusan de que por culpa nuestra, en la Corte Suprema de Justicia está circulando un proyecto de sentencia para disolver el Colegio de Periodistas de Nicaragua. Esa acusación es un solemne disparate, sin duda, pero es que en su enfermiza obsesión contra quienes defendemos la libertad de prensa y no nos sometemos al poder autoritario, los periodistas oficialistas a menudo nos hacen imputaciones falsas y calumniosas, y hasta nos adjudican potestades que no tenemos, como esa de hacer que los magistrados de Justicia preparen una sentencia de inconstitucionalidad contra la ley del Colegio de Periodistas y que estén dispuestos a dictarla.
Oficializan asociación de ex trabajadores
En medio de vivas y consignas a favor del presidente Daniel Ortega, el Procurador General de la República, Hernán Estrada, entregó a los afectados por el Nemagón, instalados al oeste de la Asamblea Nacional, la documentación que los acredita como una asociación sin fines de lucro, la cual los beneficiaría con asistencia médica y acompañamiento legal por parte del Estado.
En Letra Pequeña
¿Qué demonios le pasa al PLC que los vemos pelearse contra todos sus potenciales aliados en una unidad opositora? De repente salieron contra Eduardo Montealegre, diciéndole de puñalero para arriba en un pleito que, si algo de razón tenía, lució interesadamente exagerado. Uno sabe cuando los políticos están actuando. Y ahora, salen atacando gratuitamente la marcha opositora del próximo sábado. Si le damos crédito al refrán de “el enemigo de mi enemigo es mi amigo y el enemigo de mi amigo es mi enemigo” ¿quién es el amigo y quién el enemigo del PLC? Mmm mala tos se le oye al gato.
Militares copan Gobierno
El presidente Daniel Ortega envió un mensaje claro dirigido a las filas del Ejército de Nicaragua semanas después que sus altos mandos intentaran guardar distancia de los políticos, pese al trato privilegiado que han tenido en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Cartas al Director
“La conciencia hace que nos descubramos, que nos denunciemos o nos acusemos a nosotros mismos, y a falta de testigos declara contra nosotros”.
Gobierno desleal con industriales
La Cámara Nacional de Cuero y Calzado considera que el Gobierno promueve la competencia desleal contra la industria local, al preferir comprar en China continental los zapatos escolares que cada año distribuye a medio millón de estudiantes de escuelas públicas, al comenzar el año lectivo.
Inestabilidad del Magfor amenaza al sector privado
Una nueva “barrida” laboral habría sacudido ayer las estructuras del Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor), situación que provocaría más inestabilidad en esa institución, que la semana pasada fue objeto de críticas por paralizar las importaciones de productos perecederos, al no extender los permisos sanitarios correspondientes a los importadores.
Inflación se “comió” aumento magisterial
Los maestros nicaragüenses todavía no reciben el reajuste salarial del tres por ciento anunciado por el Gobierno de Daniel Ortega en diciembre pasado. No obstante, la tasa de inflación de 2.44 por ciento acumulada hasta febrero de este año ya se “comió” ese incremento.
Ortega debe pagar los daños que causa
El artículo 131 de la Constitución Política de Nicaragua establece que: “Los funcionarios de los cuatro poderes del Estado, elegidos directa o indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones”. Agrega que “La función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo…”; señala que “El Estado, de conformidad con la ley, será responsable patrimonialmente de las lesiones que, como consecuencia de las acciones u omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, sufran los particulares en sus bienes, derechos e intereses, salvo los casos de fuerza mayor…” Advierte que “El Estado podrá repetir contra el funcionario o empleado público causante de la lesión”, o sea obligarlo a pagar por el daño causado. Y concluye, el artículo 131 de la Constitución, sentenciando que: “Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución, por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones. También son responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo”.
