Justicia controlada y lucha por el poder

Dirigentes políticos y de la sociedad civil, quienes en el pasado pertenecieron a las estructuras del FSLN pero ahora son militantes de izquierda democrática, opinan que el nombramiento del antiguo jefe de la Seguridad del Estado y excoronel del Ejército Popular Sandinista (EPS), Lenín Cerna, como coordinador político de los jueces y magistrados de apelaciones del poder judicial, es un reflejo de la lucha por el poder que se libra en las entrañas del orteguismo.

Empeora acceso a la justicia

“Aquí lo que se está instalando de manera definitiva es, en primer lugar, la violación al acceso a la justicia de los nicaragüenses que es un derecho humano; y en segundo lugar, aquí se está instalando para siempre la inseguridad jurídica”. Así se expresó la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, al referirse al “nombramiento” del exjefe de la extinta Seguridad del Estado sandinista, Lenín Cerna Juárez, como coordinador político de jueces y magistrados.

Cerna con justicia en sus manos

El exjefe de la extinta Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE), del primer gobierno sandinista en los años ochenta, Lenín Cerna Juárez, fue presentado como el coordinador político de jueces y magistrados de apelaciones en todo el país.

CPDH: “Hubo denegación de justicia”

El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Álvaro Leiva, asegura que sí se le negó el acceso a la justicia a la periodista María Lidia Bermúdez, quien junto a su familia ha solicitado asilo en Estados Unidos porque considera que en Nicaragua se le han violentando sus derechos constitucionales, laborales y humanos.

Justicia por agresión a turista

Los empresarios turísticos de San Juan del Sur organizados en la Cámara Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Industria Turística (Cantur) están muy pendientes de cómo marcha el proceso judicial en contra del acusado José Luis Obando Pérez.

Un año y no hubo justicia

El viernes 19 de julio cumple un año de la agresión sufrida por un grupo de jóvenes que permanecían en «la champa de la dignidad», frente al Consejo Supremo Electoral (CSE), sin que hasta ahora se haya hecho justicia a los 20 afectados.

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