Dirigentes políticos y de la sociedad civil, quienes en el pasado pertenecieron a las estructuras del FSLN pero ahora son militantes de izquierda democrática, opinan que el nombramiento del antiguo jefe de la Seguridad del Estado y excoronel del Ejército Popular Sandinista (EPS), Lenín Cerna, como coordinador político de los jueces y magistrados de apelaciones del poder judicial, es un reflejo de la lucha por el poder que se libra en las entrañas del orteguismo.
Como es sabido, el miércoles de la semana pasada Lenín Cerna fue presentado con esa función política ante una asamblea de jueces, trabajadores del poder judicial y cuadros políticos del FSLN en el occidente del país, a la cual no se permitió el acceso de medios independientes. Sin embargo, participantes en la encerrona revelaron confidencialmente a LA PRENSA lo que se trató allí, incluyendo fotografías que publicamos el jueves de la semana pasada y el martes de la presente, en las cuales el antiguo jefe de la Seguridad del Estado sandinista aparece en primera fila y luego presidiendo la reunión junto con otros jerarcas políticos y judiciales del orteguismo.
Es obvio que el cargo de “coordinador político” de jueces y magistrados no es una función estrictamente judicial y por lo tanto no se encuentra establecido en la Constitución ni en la Ley Orgánica de Tribunales. Se trata de una función política que Daniel Ortega le ha asignado a Lenín Cerna, lo cual, según dijo a LA PRENSA la jurista y dirigente femenina de izquierda Azahálea Solís, además de ser un abuso “demuestra conflictos de poderes” y que de esta manera “se pretende llevar las luchas intestinas de un partido político (léase FSLN) a ese nivel”, o sea al poder judicial.
También una fuente sindical del poder judicial explicó a LA PRENSA que “con el nombramiento de Cerna como coordinador político de jueces y magistrados en ese poder del Estado, lo que está haciendo Ortega es recuperando poder con sus hombres más leales, en la disputa interna que existe en el partido Frente Sandinista”. Mientras que la presidenta del Cenidh, doctora Vilma Núñez, denunció el hecho como un atropello a la independencia del poder judicial y Dora María Téllez, dirigente del MRS y antigua comandante guerrillera sandinista, aseguró que “eso tiene que ver con la propiedad, con la ofensiva que Ortega y su familia van a desatar contra propiedades privadas”.
En realidad, el nombramiento de Lenín Cerna como coordinador político de los jueces y magistrados, no solo muestra el avance del orteguismo en el control totalitario del poder judicial y su propósito tal vez de legalizar la apropiación de valiosas propiedades privadas. También es un reflejo de la sorda lucha dentro del orteguismo por las esferas de influencia y la sucesión del poder, entre los llamados “chayistas” que quieren a Rosario Murillo como sucesora de Daniel Ortega en el próximo período presidencial, y los danielistas, que no lo quieren permitir.
No es casual, finalmente, que un prominente magistrado danielista haya reiterado en estos días la supuesta vigencia de la espuria Sentencia 504, del año 2009, mediante la cual la Corte Suprema de Justicia se atribuyó la facultad —que no le compete— de reformar la Constitución y derogar de hecho la prohibición de la reelección presidencial, para que Daniel Ortega se pueda reelegir cuantas veces él y el orteguismo lo quieran.
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