Una pancarta expuesta en una plaza de México por una estudiante de rostro indignado en un escenario nocturno, exponía un mensaje sencillamente espeluznante: ¿Qué cosecha un país que siembra cuerpos? La foto, que se volvió viral en las redes sociales, era apenas uno de tantos mensajes de indignación por la matanza del pasado 26 de septiembre en Iguala, municipio del Estado de Guerrero (Suroeste de México). Aquella noche la Policía preventiva municipal de Iguala cazó como zombies en película de terror a estudiantes de magisterios que se proponían protestar en demanda de mejor presupuesto para su escuela y recaudar fondos para sus actividades académicas, culturales y políticas.

La recolección y transformación de desechos es una corriente que ha tomado auge como medida de protección del ambiente.

Se para en medio de las tres hileras de sillas que ocupan 72 jubilados, asegurados y sus acompañantes, en la farmacia Simón Bolívar, y arenga: “Conozca cuáles son sus derechos, aquí está la Ley 160”. Aunque los gestos de Armando Silva se ven desde cualquier ángulo de la sala redonda, sus palabras las oyen los más cercanos. Algunos preguntan, y compran por cinco pesos la fotocopia de la “ley que concede beneficios adicionales a las personas jubiladas”, otros ni lo vuelven a ver.

A sus 79 años, el maestro de generaciones de médicos psiquiatras y psicólogos, Luis Humberto López Rodríguez, sigue tan activo como siempre; atiende a sus pacientes, imparte clases en la universidad y es un defensor incansable de los derechos de los adultos mayores.

“Nos fuimos metiendo de dos en dos, de tres en tres, regados en las gradas, nos íbamos viendo. En cierto momento nos fuimos acercando hasta la barda. Entonces, a una seña, nos tiramos la barda y desplegamos la manta”, recuerda de lo ocurrido aquel 28 de octubre de 1966 el ahora exalcalde de Managua, Dionisio Marenco, quien en ese entonces era el presidente del Centro Estudiantil Universitario de la Universidad Centroamericana (Ceuuca).

La empresa de telecomunicaciones Xinwei, propiedad del empresario chino Wang Jing, quien también posee la concesión de proyecto de construcción del Canal Interoceánico en Nicaragua, quedó blindada para vender sus operaciones o realizar alianzas estratégicas de negocios que le puedan generar ganancias, sin haber invertido prácticamente nada de los dos mil millones de dólares que se comprometió desde que se les entregó el contrato de concesión en enero del 2013.

“¡Aquí hay unas niñas y están vivas!”, gritaba un rescatista de la Cruz Roja, vestido con camisa y pantalón blanco, en medio del bullicio y la tragedia del barrio 18 de Mayo. Se arrodilla en el lodo y alumbra con una lámpara por un agujero que dejó la sacada del cadáver de un niño que no sobrevivió al deslave. “Ya mi amor, ya vamos a llegar”, intentaba animar a quienes estaban sepultadas debajo de una pared de concreto.

Los que vivieron la tragedia en el barrio 18 de Mayo ya no están. Unos fueron evacuados a los albergues que habilitó la Alcaldía de Managua después de la desgracia que mató a nueve. Otros aún se recuperan en los hospitales de la golpiza propinada por el muro de piedras canteras y losetas, que revuelto con toneladas de lodo y agua, les cayó encima la noche lluviosa del jueves 16 de octubre.

Combinar el conocimiento profesional en arquitectura con el diseño y así dar vida a piezas de metal, chatarra o cualquier artículo que con frecuencia en casa entran en desuso, es el trabajo y oferta que María José Rojas presenta no solo ante Nicaragua, sino ante el mundo.

Los Ramos, Altagracia, podría desaparecer. Las autoridades locales están considerando reubicar a todos los pobladores sobre todo después del alud del 8 de octubre, que entre otros daños, dejó la entrada a esa comunidad convertida en cauce. Hay problemas de abastecimiento de agua potable y corren el riesgo de ser soterrados ante otro deslave del volcán Concepción.