El politólogo Félix Maradiaga y María Fernanda Bozmoski, directora de Impacto y Operaciones y responsable para Centroamérica del Atlantic Council (Consejo Atlántico), sostuvieron en un reciente artículo que Estados Unidos debe “utilizar una presión económica selectiva” contra el régimen Ortega Murillo para alcanzar la democracia en Nicaragua.
Atlantic Council es un prestigioso centro de pensamiento estadounidense especializado en asuntos internacionales, con sede en Washington D. C. Fue fundado en 1961 y promueve el liderazgo global de Estados Unidos en cooperación con sus aliados, especialmente en el ámbito transatlántico.
“Washington debe revisar el acceso comercial preferencial de Nicaragua y utilizar una presión económica selectiva para obtener concesiones democráticas, teniendo cuidado de no perjudicar a los nicaragüenses de a pie”, sostienen Maradiaga y Bozmoski en el artículo de autoría conjunta publicado el 13 de noviembre en el sitio web del Atlantic Council en que analiza la situación del país bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua. Tan solo en el primer trimestre de este año, cuando se publicó el informe más reciente del Banco Central de Nicaragua (BCN), el país norteamericano continuó siendo el destino más importante de las exportaciones nicaragüenses “con el 41.1 por ciento”, equivalente a 814 millones de dólares.

Nicaragua es parte del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), por lo que los opositores nicaragüenses han apelado en varias ocasiones a la administración estadounidense revisar el acceso comercial preferencial que tiene el país para presionar a la dictadura y buscar un cambio a la democracia.
La publicación del artículo de Maradiaga y Bozmoski coincide con el incremento de la presión diplomática contra el régimen, liderada por Estados Unidos. Los cancilleres del hemisferio aprobaron una resolución el 2 de octubre pidiendo el fin de las violaciones de derechos humanos, la garantía de elecciones libres, la restitución de los derechos conculcados a los ciudadanos. La iniciativa de la OEA contempló la formación de un Grupo Ministerial de Seguimiento que buscará un diálogo con la dictadura. Sin embargo, hasta ahora el régimen ha ignorado públicamente la demanda de un cambio democrático.
Régimen ha frustrado elecciones
En el texto, Maradiaga y Bozmoski afirman que el 8 de noviembre se debieron celebrar elecciones en Nicaragua. Sin embargo, el matrimonio dictatorial ha frustrado ese derecho de los nicaragüenses con reformas constitucionales que han extendido los períodos de gobierno, primero de cinco a seis años y ahora a siete.
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Daniel Ortega anunció el 19 de julio que en Nicaragua no habrá más elecciones. Días después, el régimen anunció una reforma constitucional que fue aprobada en primera legislatura el 1 de septiembre. Entrará en vigencia después del 18 de enero de 2027, cuando se apruebe en segunda legislatura, como establece el marco legal en el país.
La reforma constitucional establece la eliminación de la competencia electoral, prohíbe la participación de opositores. Asimismo, extiende el período de gobierno de seis a siete años, así como de otros cargos de elección popular y designaciones. También cambia el día de la toma de posesión presidencial del 10 al 18 de enero.
“La cancelación de las elecciones debería marcar el fin de la situación habitual en la relación económica de Washington con Managua. Nicaragua ha pasado de manipular elecciones ilegítimas a prescindir por completo de ellas bajo la presidencia de Donald Trump”, exponen los autores del artículo publicado en el sitio web del Atlantic Council.
Presión económica selectiva para no afectar a la población
Maradiaga y Bozmoski insisten en la “presión económica selectiva”, pues de suspender completamente a Nicaragua del CAFTA-DR “perjudicaría a miles de trabajadores de las industrias exportadoras en las zonas francas, donde la mayoría de las empresas son de propiedad extranjera”.
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Consideran que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) podría colaborar con el Departamento del Tesoro “para analizar qué preferencias específicas benefician desproporcionadamente a los sectores y empresas vinculados al régimen, y sancionar específicamente a esas entidades”.

Sostienen que el gobierno estadounidense, “en lugar de imponer nuevas sanciones sin motivo alguno”, debería crear “una hoja de ruta” que vincule el aumento de la represión en Nicaragua con mayores costos políticos y económicos, y las concesiones democráticas con el alivio de la represión. También consideran que “Washington debería formalizar su relación con la oposición democrática de Nicaragua”.
Respecto a la creación del Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que busca un diálogo directo con la dictadura, los expertos dicen que este “podría convertirse en la plataforma a través de la cual Estados Unidos trabaje en Nicaragua”.
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Félix Maradiaga es un académico, politólogo nicaragüense, excarcelado y desterrado a Estados Unidos en febrero de 2023, tras permanecer 611 días preso. Preside la Fundación para la Libertad de Nicaragua, la Red Liberal de América Latina (RELIAL), el World Liberty Congress, una red internacional de activistas prodemocracia, y es fundador del partido político Ruta del Cambio.
María Fernanda Bozmoski, originaria de Costa Rica, es la responsable para Centroamérica del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council. “Ha liderado varios grupos de trabajo sobre Centroamérica y ha sido la principal impulsora de la renovada estrategia del Centro para las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica”, menciona su biografía en la página web de la organización. Tiene una licenciatura en Estudios Europeos y maestrías en Estudios Latinoamericanos y Economía Política, así como otra en Derecho Internacional y Derechos Humanos.