El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó el “estado de emergencia nacional” respecto a Nicaragua, en el cual considera las acciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2018 como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.
El 27 de noviembre de 2018, Trump firmó la Orden Ejecutiva 13851 y la ratificó nuevamente este 3 de noviembre. La prolongación de la medida ya está publicada en el Federal Register, el diario oficial del ejecutivo.
Represión y corrupción gubernamental
Entre las preocupaciones de Trump, en aquel momento, se encontraba la respuesta violenta del régimen Ortega Murillo a las protestas en abril de 2018 y el continuo desmantelamiento y debilitamiento sistemático de las instituciones democráticas y el Estado de derecho.
Pero la corrupción también era otro factor destacable. Para Trump, este aspecto conduce a la desestabilización de la economía nicaragüense, lo que “sigue representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, reiteró.
“La emergencia nacional declarada el 27 de noviembre de 2018 debe mantenerse vigente más allá del 27 de noviembre de 2026. Por lo tanto, de conformidad con la sección 202(d) de la Ley de Emergencias Nacionales (50 USC 1622(d)), prorrogo por un año la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13851 con respecto a la situación en Nicaragua”, dictó Trump.
La decisión del republicano tiene como respaldo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que permite al presidente estadounidense bloquear propiedades y restringir transacciones económicas para responder a amenazas provenientes del extranjero.
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¿Qué significa esta resolución?
Para un exfuncionario nicaragüense del Ministerio de Relaciones Exteriores, la orden del mandatario estadounidense significa que ninguna de las causas que provocaron la resolución ha sido resuelta por los Ortega Murillo, «quienes continúan siendo considerados como una amenaza a la seguridad nacional».
«(Algunas razones son) por sus alianzas con adversarios de los EEUU ,facilitándoles su presencia e incremento de sus intereses en Nicaragua y por actuar como promotores de esos intereses en la región centroamericana», dijo la fuente en referencia a la alianza de Ortega con Rusia, China e Irán.
«Los Ortega Murilo les han provocado la principal fractura a la doctrina Donroe. Son una prueba irritante y un mal ejemplo de que podes hacer alianzas estratégicas con adversarios de los Estados Unidos sin que estos puedan impedirlo. Así rompen en dos dos el área geográfica del escudo de las Américas», explicó el exfuncionario bajo condición de anonimato.
Alianza de aparatos propagandísticos es un ejemplo
Un ejemplo concreto de esa alianza entre Ortega y sus socios es que el aparato propagandístico de la dictadura está al servicio de los intereses de esas potencias antiestadounidenses. El exfuncionario destacó que existe además falta de cooperación de la dictadura en la lucha contra el tráfico de drogas y en el de migrantes.
«La persecución política promueve la migración que les afecta (a Estados Unidos). En Nicaragua es causada principalmente por razones políticas, lo que se aprecia en el alto número de solicitudes de asilo», afirmó.
Las conclusiones a las que llega Trump, al firmar el nuevo decreto, ya podían advertirse en los informes anteriores del Departamento de Estado sobre algunas de estas áreas específicas en que Estados Unidos es crítico con la administración nicaragüense.
Las sanciones al régimen Ortega Murillo
La medida adoptada por Trump es uno de los fundamentos para las sanciones contra la dictadura Ortega-Murillo. Entre estas se incluyen restricciones de visas, el bloqueo de activos y listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), una agencia dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Hasta abril de 2026, según datos del politólogo Manuel Orozco publicados en el diario digital Confidencial, Estados Unidos había impuesto 85 sanciones, de las cuales 25 habían sido dirigidas a instituciones y 60 a personas individuales. A la cabeza de los funcionarios castigados se encuentra Murillo, pero también algunos de sus hijos: Laureano, Maurice, Camila, Daniel Edmundo y Rafael Ortega Murillo.
Por un lado, el foco de las sanciones ha sido penalizar la represión y también a la cleptocracia en referencia a los intereses de los Ortega Murillo en sectores de importante generación de ingresos como petróleo y oro, según Orozco.
En el período desde 2018 hasta junio pasado, además, “Estados Unidos ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a más de 2,350 funcionarios nicaragüenses y a sus familiares debido a su complicidad con la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega”, declaró el 8 de junio el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Ese día de junio, el gobierno estadounidense restringió visas a 100 nicas por la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, ocurrida bajo custodia del Estado y considerada un ejemplo de la crueldad estatal contra los presos políticos.
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La crítica permanente a los abusos de Ortega
Desde 2018, Estados Unidos ha criticado las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen Ortega-Murillo. La relación entre ambos países se volvió más tensa tras varios acontecimientos ocurridos este 2026, entre ellos, el anuncio de Daniel Ortega de la abolición de las elecciones que prosiguió con una reforma constitucional, aprobada en primera legislatura.
En esta modificación a la Carta Magna, entre otros puntos, eliminan la participación de la oposición en los procesos electorales y extienden el período presidencial en Nicaragua de seis a siete años.
La decisión provocó el rechazo de la comunidad internacional. Estados Unidos, junto a otros países, propuso una reunión de cancilleres en la Organización de los Estados Americanos (OEA). Se creó así un Grupo de ministros de Relaciones Exteriores que buscarán un diálogo «rápido y directo» con la dictadura para que cumpla las recomendaciones de los cancilleres, entre ellas la liberación de los presos políticos, que se garanticen elecciones libres y que se reviertan las reformas constitucionales antidemocráticas.
Actualmente, la relación diplomática entre Washington y Managua se ha deteriorado más tras el rechazo del plácet a la embajadora nominada por Trump para Managua y confirmada por el Senado. Esta decisión de los Ortega Murillo fue considerada por analistas como «otro error de Ortega», si se le suma el anuncio en julio de que ya no se celebrarán elecciones en Nicaragua.
La orden de Trump se conoce dos días después de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en que los demócratas obtuvieron la mayoría del Senado y la Cámara de Representantes. A pesar de ser los opositores de Trump, tres analistas consultados por LA PRENSA no avizoran ningún cambio en política exterior con respecto a Nicaragua y destacan el consenso bipartidista de condena a los abusos de los Ortega Murillo.
Presión diplomática al máximo nivel
La OEA integró esta semana un Grupo Ministerial de Seguimiento a la resolución de cancilleres del 2 de octubre, que demandó a Ortega y Murillo que garanticen elecciones libres, la libertad de los presos políticos, la restitución de los derechos de los ciudadanos y la revocación de las reformas constitucionales de 2025 y 2026 que empoderaron todavía más la figura de Rosario Murillo en las estructuras estatales.
Desde enero, los Ortega Murillo han profundizado su aislamiento internacional no solo por decisión propia para evadir rendir cuentas sobre los abusos cometidos, sino porque se han venido quedando sin aliados en la región.
La captura de Nicolás Maduro, a manos de Estados Unidos, golpeó también a otro socio ideológico de Ortega: Cuba. La dirigencia de la isla se mantiene en conversación con los estadounidenses, mientras una severa crisis energética evidencia la ineficiencia estatal de décadas y la repercusión que significa el corte del suministro de combustible que Venezuela garantizaba antes a los Castro.
