La codictadora Rosario Murillo rememoró este jueves los 20 años de las elecciones presidenciales de 2006, en las que Daniel Ortega tomó el poder y dio paso a la actual dictadura. Murillo confesó que en este tiempo comprendieron “el sentido del apatridismo”, en referencia a los 452 nicaragüenses a los que les han despojado de su nacionalidad.
En enero de este año también se cumplió un año en que Murillo pasó de vicepresidenta a “copresidenta”, tras una reforma electoral aprobada en primera y segunda legislatura entre 2024 y 2025. Con ello, la codictadora pasó por ley a tener el mismo poder que su esposo, Daniel Ortega.
“Recuperamos el derecho de alejar las malas energías, malas vibraciones, las malas lenguas, los malos instintos, las maldades, perversidades, perfidia y comprendimos el sentido del apatridismo, aquellos que no tienen patria porque no aman, no saben amar, solo saben imitar quienes a lo largo de la historia terrible vendieron sus almas y hoy aquellos y estos apátridas sin patria son únicamente referencia de una obsoleta, caduca, vieja y superada historia”, confesó Murillo en su diurna alocución ante los medios oficialistas.
La pareja dictatorial responsable de la apatridia
Los informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), de Naciones Unidas, responsabilizan directamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo por la política de privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense.
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“El Presidente Ortega y la Vicepresidenta Murillo implementaron una política de despojo masivo de la nacionalidad de ciudadanos nicaragüenses con el propósito no solo de convertir a las víctimas en personas apátridas, sino también de situarlas en una condición de extrema vulnerabilidad”, destacan los expertos en un informe publicado el 3 de abril de 2025.
Entre los apátridas se encuentran 357 exprisioneros políticos expulsados a Estados Unidos y Guatemala en períodos diferentes, un grupo de 94 ciudadanos declarados “traidores a la patria” y otros casos individuales que en total suman 452. No obstante, organizaciones civiles advierten sobre una “apatridia de facto” que golpea a miles de nicaragüenses en el exterior, mediante el rechazo sistemático de trámites consulares.
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El 10 de enero de este año, el régimen Ortega-Murillo cumplió 19 años en el poder y ha sido señalado desde 2018 de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos, privación de nacionalidad, represión trasnacional y mantiene en la actualidad al menos 72 presos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. De estos, 33 están en condición de desaparición forzada, según el último reporte del 23 de octubre.
En esa misma fecha de 2027, Ortega, de 80 años, cumplirá dos décadas gobernando Nicaragua, y Murillo, de 75, tendrá, por mandato constitucional, dos años cogobernando junto a él.
