Una investigación sobre el impacto humano de la desnacionalización en Nicaragua expuso una alarmante crisis de apatridia de facto que afecta a ciudadanos nicaragüenses en el exterior. El informe exploró en la experiencia de 41 participantes, que actualmente residen en Estados Unidos, México, Costa Rica, España y Guatemala, y revela barreras severas de exclusión jurídica y bloqueos en consulados.
Uno de los hallazgos más críticos del estudio es la virtual imposibilidad de acceder a servicios consulares legítimos. De acuerdo con los datos, la mayoría de las gestiones relacionadas con documentación legal no tuvo éxito.
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«El 97.5 % de las gestiones relacionadas con documentación o identidad legal no tuvo resultados positivos, ya sea por silencio administrativo o por negativas directas», se lee en el estudio.
Los alarmantes resultados del informe sobre el impacto humano de la desnacionalización en Nicaragua fueron abordados en el conversatorio «Apatridia de facto: el impacto humano y jurídico de la apatridia de personas nicaragüenses», una iniciativa de la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo (ACDD) y Refugees International, que convocó a personas a quienes el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo les arrebató su nacionalidad, así como activistas.
El informe abarca la «barrera del miedo», para referirse que el 48.7 % de los consultados prefiere evitar cualquier acercamiento a los consulados por temor a sufrir represalias políticas o a poner en riesgo la integridad de sus familiares que permanecen dentro del territorio nicaragüense.
En consecuencia, el 71 % de la población encuestada percibe que ya no es reconocida como nacional por su propio país de origen.
Violación del derecho humano al retorno
La investigación también documenta cómo el cerco estatal se extiende fuera de las fronteras físicas del país. El informe destaca que se identificaron al menos seis casos en los que diversas aerolíneas impidieron que ciudadanos nicaragüenses retornaran a su terruño.
«Esta práctica traslada la frontera fuera del territorio nacional y privatiza la violación del derecho humano al retorno», se lee en los resultados, que añaden: «Si se suman los bloqueos terrestres y aéreos, el 24 % de la muestra ya ha intentado regresar a Nicaragua y se le ha impedido el ingreso de forma arbitraria», infiere el informe.
Ante el bloqueo institucional, la pérdida de documentos de identidad vigentes impacta de forma directa en la vida cotidiana de los exiliados, dificultando el acceso a cuentas bancarias (12 %) y obstaculizando los procesos de regularización migratoria y reunificación familiar; todo ello convierte la apatridia en una tragedia personal.
Debido a la ruptura total de confianza con el Estado de origen, el 75 % de las personas encuestadas demanda el reconocimiento de otra nacionalidad como la solución más urgente para restablecer su seguridad jurídica, superando ampliamente a quienes únicamente buscan la renovación de sus documentos nicaragüenses (46 %).
Urgen respuestas coordinadas
Ante este panorama, organizaciones de derechos humanos y especialistas insisten en la imperiosa necesidad de activar respuestas regionales coordinadas, incluyendo vías complementarias de protección, naturalización acelerada y la eliminación de barreras burocráticas para salvaguardar los derechos de la población afectada.
Ante la crisis de desnacionalización y apatridia provocada en Nicaragua, el Gobierno de España ha implementado medidas excepcionales de gran impacto humanitario y jurídico, habiendo otorgado hasta el momento la nacionalidad española por carta de naturaleza a un total de 167 nicaragüenses que fueron despojados arbitrariamente de su ciudadanía o declarados apátridas de iure —es decir, de derecho— y de facto por el régimen sandinista.
Esta vía acelerada representa un mecanismo directo de protección internacional que busca «resucitar» civilmente a quienes han quedado en un limbo legal tras el bloqueo sistemático de sus documentos de origen.
