La elección de la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay para el Premio Nobel de la Paz de este año fue una clara muestra de apoyo al sistema multilateral basado en normas. También representó una afrenta para el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha presionado descaradamente para obtener el premio mientras atacaba simultáneamente el orden jurídico internacional. En un mitin político poco después del anuncio, Trump desestimó a Pillay como “una persona liberal que trabaja en las Naciones Unidas, de la que nadie ha oído hablar”.
El comité del Premio Nobel fue claro en su mensaje, señalando que la “independencia, la experiencia y la firmeza de Pillay la han convertido en una de las juristas internacionales más respetadas de nuestro tiempo”, y advirtiendo que “un mundo que funciona sin el estado de derecho es injusto, imprudente e inhumano”. Pero omitió mencionar el papel fundamental de Pillay como presidenta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, al determinar que las acciones de Israel en Gaza constituyen genocidio, un reflejo de la labor de toda su vida en apoyo de los oprimidos.
Pillay, la quinta sudafricana y la cuarta mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz, nació en Clairwood, un barrio marginal a las afueras de Durban, durante la era del apartheid. Hija de un conductor de autobús y un ama de casa, creció en una familia numerosa y pobre de origen tamil indio; sus abuelos llegaron de la India como trabajadores contratados. Siendo adolescente, presenció la brutal represión contra los manifestantes negros, recordando más tarde que «el gobierno era opresivo, las leyes eran opresivas y los tribunales cooperaban con estas leyes». Tras destacar en su escuela secundaria segregada, Pillay estudió derecho en la entonces Universidad de Natal, en parte gracias a las donaciones de su comunidad local. A pesar de verse obligada a asistir a clases nocturnas para estudiantes negros, se graduó con las mejores calificaciones de su promoción.
La experiencia de Pillay viviendo en un régimen racista que utilizaba la guerra jurídica para oprimir a su mayoría negra, y lidiando con él, le inculcó la convicción, que la acompañaría toda la vida, de la importancia de los tribunales internacionales para frenar los abusos de los Estados autoritarios. La fortaleza y la resiliencia que desarrolló le fueron de gran utilidad a lo largo de su carrera. Por ello, resultó significativo que Pillay se enterara de su Premio Nobel durante una conferencia sobre derechos humanos en Núremberg, en el mismo lugar donde fueron juzgados los líderes nazis tras la Segunda Guerra Mundial. La lectura de las transcripciones de esos juicios contribuyó a afianzar su interés por el derecho internacional.
Tras obtener su título, Pillay trabajó con NT Naicker, un abogado antiapartheid de ascendencia india, antes de convertirse en la primera mujer en establecer su propio bufete de abogados en lo que entonces era la provincia de Natal en 1967. Se labró una reputación defendiendo a activistas antiapartheid encarcelados, entre ellos Nelson Mandela, y asistió a la Facultad de Derecho de Harvard con una beca completa, donde finalmente se doctoró en Ciencias Jurídicas en 1988. A su regreso a Sudáfrica, cofundó una organización para defender a las mujeres contra la violencia doméstica.
En 1995, tras el fin del apartheid, Mandela nombró a Pillay jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, donde se convirtió en la primera mujer negra en ocupar un puesto en el tribunal y luchó incansablemente por los derechos de las mujeres. Ese mismo año se unió al Tribunal Penal Internacional para Ruanda de la ONU y posteriormente fue elegida jueza presidenta, cargo que desempeñó durante ocho años. Bajo la dirección de Pillay, el tribunal contribuyó a tipificar como delito la violación masiva y la incitación al odio en el contexto del genocidio. Como ella misma señaló: «Desde tiempos inmemoriales, la violación se ha considerado botín de guerra. Ahora se considerará un crimen de guerra».
En 2003, poco después de la fundación de la Corte Penal Internacional, Pillay fue elegida jueza y ejerció el cargo hasta 2008, cuando fue nombrada Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Siendo la primera mujer del Sur Global en ocupar este puesto, Pillay demostró gran habilidad para gestionar el altamente politizado Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Durante su mandato, criticó duramente a la junta militar de Myanmar por sus atrocidades contra la minoría musulmana rohingya del país, impulsó el reconocimiento de las muertes maternas evitables como una cuestión de derechos humanos y, en 2011, fue invitada a una misión a Israel, país que elogió su imparcialidad en el tema palestino.
La postura de Israel cambió cuando Pillay presidió la Comisión de Investigación de la ONU entre 2021 y 2025. Dicha comisión determinó que el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y el presidente Yitzhak Herzog habían «incitado a la comisión del genocidio». Tras la publicación del informe, Pillay argumentó en The New York Times que todo Estado tiene la obligación de prevenir el genocidio utilizando todos los medios diplomáticos y legales disponibles. Escribió: «No hacer nada no es neutralidad. Es complicidad». Como era de esperar, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel publicó en X que la decisión de otorgarle a Pillay el Premio Nobel de la Paz era «la grotesca instrumentalización de un premio para legitimar el odio y los prejuicios antiisraelíes».
Humilde, sencilla y mentora de muchos jóvenes abogados africanos, Pillay es, sin duda, la funcionaria internacional sudafricana más destacada. Al recibir la noticia del premio, señaló: «Considero este galardón como la voz de la mayoría del mundo». Defensora acérrima de los más desfavorecidos, siempre se puso del lado de las masas de aquellos países que sufren un sistema de «apartheid global» sumamente injusto. Tras los ataques xenófobos contra migrantes africanos en Durban en 2015, lideró el Grupo Especial de Referencia sobre Migración e Integración Comunitaria en KwaZulu-Natal, que instó al gobierno sudafricano a «garantizar que todas sus políticas y funcionarios respeten los derechos y la dignidad de todos los seres humanos».
Aún queda mucho por hacer para proteger los derechos y la dignidad de todas las personas en Sudáfrica, o de lo contrario, la justicia por mano propia —la violencia de las turbas y la ausencia de ley— destrozará el país. Se espera que Pillay utilice su recién adquirida influencia para ayudar a prevenir ese escenario.
El autor es profesor e investigador principal del Centro para el Avance de la Investigación de la Universidad de Pretoria, editor de The Black Atlantic’s Triple Burden: Slavery, Colonialism, and Reparations. (Manchester University Press, 2025).
Copyright: Project Syndicate, 2026.
www.project-syndicate.org
