Cuatro días después que nueve jubilados estadounidenses denunciaron que a finales de agosto la Procuraduría General de Justicia les confiscó sus viviendas ubicadas en playa Gavilán, Tola, Rivas —y se las entregó al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que de inmediato se las ofreció en alquiler a cambio de una renta de 2,000 dólares mensuales—, sin ninguna explicación, el INSS le comenzó a devolver a sus dueños las llaves de las propiedades, que tienen un valor conjunto que ronda los 15 millones de dólares.
El domingo 11 de octubre en su programa a través de su canal de YouTube, el medio nicaragüense Confidencial.digital reportó el robo de las propiedades. Además, presentó el testimonio de uno de los afectados que aseguró que hasta ese momento no habían recibido ninguna explicación oficial sobre el despojo, y relató que el único acercamiento de las autoridades con ellos fue de empleados del Seguro Social que les ofrecieron las casas en alquiler.
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Ninguno de los afectados por la confiscación se identificó, pero uno de ellos le dijo a Confidencial.digital: «Nos quitan nuestras casas y luego nos las quieren alquilar, es una burla… Lo que a nosotros más nos duele es que nos arrebataron el sueño de vivir en paz. Nosotros nos enamoramos de Nicaragua y decidimos invertir para quedarnos».
Este sería el segundo caso en el que ciudadanos estadounidenses afectados por confiscaciones recuperan sus bienes. En mayo, después que los afectados presentaron una demanda por 80 millones de dólares contra el Estado de Nicaragua, el régimen Ortega Murillo le devolvió a la minera estadounidense BHMB Mining Nicaragua S.A. su plantel ubicado en Palacagüina, que le habían confiscado en septiembre de 2025.
Afectados dicen que negociaron
Tres días después de que se conoció la denuncia, LA PRENSA explicó que la donación de propiedades confiscadas es una de las prácticas que la dictadura Ortega Murillo utiliza para tratar de mantener a flote las finanzas del seguro Social —que entró en crisis en 2013 y desde 2024 depende del apoyo estatal para cumplir sus obligaciones con jubilados y asegurados activos—, pero que la donación de las nueve casas de los estadounidenses no se había oficializado.
Este viernes 15 de octubre y a solo cinco días de que la denuncia de la confiscación se hizo pública a través de Confidencial.digital, ese medio de comunicación confirmó que ayer, sin ninguna explicación, el INSS comenzó a devolver las llaves de las viviendas.
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Sin dar ningún tipo de explicación, ni siquiera si devolverán las nueve o solamente algunas de las viviendas, una fuente del INSS le confirmó a Confidencial.digital: «Por el momento solo te puedo decir que las están devolviendo”. Las llaves de las nueve viviendas de lujo que los jubilados estadounidenses y sus familiares y amigos usaban para veranear en las costas del Pacífico nicaragüense, las comenzaron a devolver ayer jueves 15 de octubre.
El medio también reportó que los afectados tampoco quisieron entrar en detalle, ni siquiera confirmaron la devolución de sus propiedades. Se limitaron a decir: “En los últimos días se ha negociado”.
Donación al INSS no se había oficializado
El robo de estas propiedades se concretó a finales de agosto, en ausencia de los propietarios que solo vienen a Nicaragua a pasar temporadas para escapar del invierno en su país. Funcionarios del INSS se presentaron a las viviendas y les ordenaron a los vigilantes desalojarlas. La excusa fue que ahora le pertenecían a la institución. A partir de ese momento quedaron bajo vigilancia oficial.
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La denuncia de que le entregaron las casas al INSS fue vista como normal, ya que la donación de propiedades confiscadas a esta institución se volvió práctica común. Según recuento que lleva LA PRENSA, entre 2024 y el 14 de octubre de 2026, el Estado le entregó al INSS al menos 247 propiedades. La mayoría confiscadas a ONG clausuradas, organizaciones religiosas, empresarios, exreos políticos desterrados y otros opositores.
Pero estas donaciones, que se realizan a través de decretos presidenciales, se oficializan mediante su publicación en el diario oficial La Gaceta, situación que no ocurrió con estas casas; por tanto, las nueve casas confiscadas en agosto no le pertenecen oficialmente al INSS.
Casas todavía no eran del INSS
según recuento realizado por LA PRENSA entre el 20 de junio y el 16 de octubre de este año, solamente le transfirieron al INSS dos propiedades ubicadas en Rivas. Y la última vez que el INSS recibió un lote de nueve propiedades fue el 17 de junio. En ese momento, a través del Acuerdo Presidencial número 88-2026 que publicaron en la edición del 19 de junio de La Gaceta, el régimen Ortega Murillo le ordenó a la Procuraduría General de Justicia traspasar a nombre del INSS nueve propiedades inscritas en el Registro de la Propiedad Inmueble de Rivas, entre ellas una finca.
El único dato de las propiedades que incluyen los acuerdos presidenciales que oficializan las donaciones no le sirve a los afectados para confirmar si se trata de sus bienes. En este caso, las nueve propiedades las identificaron con los Números Absolutos de Propiedad (NAP): BI-2L3HSKFQ, BI2L3HSKEN, BI-2L3HSK9Q, BI-2L3HSJZR, BI-2L3HSFWY, BI-2L3HSFXI, BI-2L2ZWIIR, BI-2L2BZSVH y la finca con el NAP 1309-ADE.
Sin embargo, esta donación, aunque coincide en cantidad de propiedades, incluye una finca, y los jubilados estadounidenses solo denunciaron confiscación de casas. Además, esto ocurrió más de dos meses antes del despojo de las viviendas mencionadas. Por lo que, de existir alguna coincidencia, implicaría que inscribieron las casas de los estadounidenses a favor del Estado y luego las traspasaron al INSS muchos meses antes de concretar la confiscación. Por lo que, a criterio de algunos abogados consultados y que piden no mencionar sus nombres, lo más probable es que la donación no se concretó.
Departamento de Estado lamentó confiscación
Los afectados por la confiscación llegaron a Nicaragua a inicios de la década del 2000 y la construcción de las viviendas concluyó diez años después. Según su denuncia, desde 2010, pagaron sus respectivos impuestos de bienes muebles e inmuebles. Además, cumpliendo lo establecido en la Ley 690, Ley para el Desarrollo de las Costas de Nicaragua, también le pagaban a la Alcaldía de Tola un canon anual de 1,000 dólares, correspondiente al uso del terreno donde construyeron sus casas, ya que este es propiedad del Estado. Dicho contrato de arriendo lo renuevan anualmente.
También le comentaron a Confidencial.digital que presentaron su caso ante la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, pero les dijeron que esa sede diplomática no atiende problemas de derecho de propiedad y les aconsejaron usar los tribunales locales. Sin embargo, un vocero del Departamento de Estado lamentó que el Gobierno de Nicaragua irrespete constantemente los derechos de la propiedad; y confirmó que la Embajada de Estados Unidos en Managua conoce numerosos casos de confiscación de propiedades de estadounidenses.
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A través de sus alertas de viaje el Departamento de Estado les advierte a sus ciudadanos peligro que corren al viajar a Nicaragua, donde, sin previo aviso ni justificación legal, les pueden incautar bienes, incluyendo terrenos, viviendas, dinero en efectivo y activos financieros.
También, los informes anuales sobre clima de inversión advierten el peligro de confiscación que enfrentan los inversionistas en Nicaragua, así lo reiteró en sus Declaraciones sobre el clima de inversión para Nicaragua 2026, que publicó recientemente. Estos casos solamente confirman que el peligro es real.
